Los abogados del organismo regulador de los medios audiovisuales argentinos y del Grupo de comunicación Clarín, principal conglomerado del ramo, acudieron a una audiencia pública en la Corte Suprema para tratar la constitucionalidad algunos artículos de la Ley de Medios del 2009. Los abogados del organismo regulador de los medios audiovisuales argentinos y del Grupo de comunicación Clarín, principal conglomerado del ramo, acudieron a una audiencia pública en la Corte Suprema para tratar la constitucionalidad algunos artículos de la Ley de Medios del 2009.
A pesar de la denuncia contra el Ejecutivo argentino, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue asegurando que la ley favorece la desconcentración de los medios y la diversidad de voces, el grupo Clarín, el único que se enfrenta a esta reglamentación, ha asegurado que atenta contra la libertad de expresión.
El grupo propiedad de Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto ha señalado que esta ley atenta contra la sustentabildiad económica de la “única voz” crítica contra el Ejecutivo, su grupo
Esta reforma, lógicamente, la impulsó el Kirchnerismo después de enfrentarse con el grupo Clarín en el conflicto del Ejecutivo con las petroleras agrarias en el año 2008, aunque también fue votada por partidos de centroizquierda en el Congreso.
Los abogados de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) han cargado contra el grupo de comunicación por no haber presentado una adecuación a la ley, cosa que otros grupos más pequeños si han hecho.
Daniel Larrache, abogado y director de la AFSCA, ha asegurado que en los últimos cuatro años, el Gobierno ha dado cientos de licencias a diversos medios. “Todos han presentado planes de adecuación, no creo que sean empresas que quieran suicidarse o fundirse”, comentaba el presidente del organismo, Martín Sabbatella.
Para él, “el grupo que cuestiona la ley no es cualquier grupo, es un grupo muy poderoso: posee Internet, televisión, agencias de noticias, maneja en forma de monopolio en el papel”.
Los abogados de Clarín, por su parte, han insistido en que la ley vulneraría su libertad de expresión porque dejaría a ciertos territorios de Argentina sin acceso a los contenidos de sus medios audiovisuales.
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