Televisión
«Esta grave denuncia amerita una investigación de una comisión independiente nombrada por el Congreso, y una veeduría internacional, que podría concernir a relatores para libertad de expresión del sistema interamericano o de las Naciones Unidas», dijo la experimentada defensora de las libertades civiles.
Un desertor de un supuesto grupo clandestino dentro de la televisora más grande en el mundo de habla hispana, que produce y distribuye contenidos a través de televisión abierta, reveló a finales de abril un presunto mecanismo para crear noticias falsas y ataques contra enemigos políticos y económicos.
Acosta, destacada integrante de organizaciones nacionales e internacionales, como el Council on Foreign Relations, el Diálogo Interamericano, y fundadora del Movimiento Ciudadano por la Democracia, indica que la próxima elección por voto popular de todas las cortes federales del país, el 1 de junio próximo, impide abrir en ese espacio una pesquisa eficiente.
«El Poder Judicial mexicano no está en condiciones de comenzar ninguna investigación seria de esta naturaleza», lamenta quien fue fundadora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y representante de Amnistía Internacional en el país norteamericano.
Señala, además, que la oposición en el Congreso federal no ha levantado la voz, y se enfoca en evitar que una reforma a la nueva Ley de Telecomunicaciones propuesta por el Gobierno contenga medidas de censura.
«Quienes han discutido el tema en el ámbito público son analistas y organizaciones independientes, y los noticiarios de la periodista Carmen Aristegui», que fue objeto de una de esas campañas de Televisa, apunta.
En cambio, los medios dominantes no han dado seguimiento del asunto, salvo los medios internacionales.
Reseña que la oposición no le ha dado prioridad al tema y en las conferencias de la presidenta Claudia Sheinbaum tampoco se ha tratado como se merece.
Acosta considera que este escenario deja a la ciudadanía en una condición de indefensión.
«Estamos a merced de Televisa y de las tramas de personajes ambiciosos y sin escrúpulos que pueden urdir estas tramas sin consecuencias», puntualiza.
El pasado 28 de abril, el equipo de investigaciones especiales del portal Aristegui Noticias difundió algunos vídeos contenidos en un disco con información masiva sobre cómo Televisa habría realizado «operaciones de desinformación sistemáticas» para favorecer intereses políticos.
El caso fue bautizado como «Televisa Leaks» y se basa en la filtración de un archivo de cinco terabytes de información que incluye conversaciones de chat, videos, fotografías y otros documentos que exponen las actividades del grupo, supuestamente conocido dentro de la televisora como «Palomar».
Esa unidad a cargo del vicepresidente de la oficina de Información de Televisa, Javier Tejado, sería la encargada de ejecutar campañas de desprestigio y golpeteo mediático.
Según ese extenso material audiovisual, Televisa estuvo detrás de la campaña en redes sociales del entonces ministro Arturo Zaldívar para llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ahora es asesor jurídico de la Presidencia de la República.
Entre otros casos, también contiene documentos audiovisuales de una presunta «fabricación de denuncias de abuso sexual infantil» en contra del magistrado del máximo tribunal Jorge Arturo Camero, entre muchos otros.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) exhortó esta semana a reformar el marco legal mexicano para reforzar la protección de quienes exponen la corrupción y abusos de poder.
«Más allá de los escándalos, la influencia mediática y el modus operandi del grupo ‘Palomar’, este caso desnuda otra realidad incómoda: en México no existe un marco legal suficiente para proteger a quienes exponen corrupción o abusos», dijo el 6 de mayo R3D.
La organización que ha investigado otros casos de violaciones a la libertad de expresión -como la intercepción de teléfonos celulares con el programa espía Pegasus-, afirma que quienes tienen el valor de denunciar estos abusos se convierten en blancos de ataques.
La filtración de los «Televisa Leaks» fue realizada por Germán Gómez, quien fue empleado de Televisa, empresa a la que ingresó en 2017.
El cineasta de profesión, durante ocho años editó videos falsos para dañar rivales políticos y creó cuentas falsas que atacaban a periodistas como Carmen Aristegui.
El denunciante «vio cómo su salud mental se resquebrajaba bajo jornadas de 16 horas sin contrato formal», plantea la red.
En efecto, Televisa respondió con una denuncia de Tejado, quien acusó a Gómez de robo y filtró su domicilio en redes.
«La estrategia fue clara: atacar al mensajero para ignorar el mensaje» sostiene R3D.
Por su parte, la organización internacional defensora de la libertad de expresión Artículo 19 ha documentado en un informe que «la intimidación y el hostigamiento se posicionaron como la embestida más común en contra de periodistas y medios de comunicación, incluyendo el uso de campañas de desprestigio para atacar su credibilidad».
Además de los ataques en su contra, Gómez enfrentó deudas médicas por su tratamiento psiquiátrico, amenazas de demanda y familiares que le exigían «vender» la información en lugar de «regalarla» a la prensa, sin cobrar, como finalmente lo hizo al entregar los cinco terabytes con la información interna de las campañas a Aristegui Noticias.
«Esto es otra muestra de la situación desventajosa y de vulnerabilidad que enfrentan las personas cuando se atreven a levantar la voz y dar a conocer información de interés público que nutre el debate democrático», indica R3D.
La red de protección de los derechos digitales indica que la empresa televisiva realiza «amenazas, hostigamiento y represalias».
Por otra parte, lamenta que en la arena pública hay líderes de opinión enfocados en criticar las motivaciones de la filtración masiva, la personalidad o salud mental del denunciante, en lugar de prestar atención a la evidencia que está presentando.
Dada la gravedad de la denuncia, la red estima que las autoridades federales han estado ausentes.
«Las autoridades no ofrecen alguna protección o salvaguarda que pueda facilitar o brindar apoyo en su situación, proteger a las personas ‘whistleblowers’ (denunciantes) no es un gesto altruista: es un antivirus contra la corrupción», puntualiza la denuncia.
La red cita como ejemplo estudios de la organización Transparencia Internacional, según los cuales países como Irlanda redujeron un 30 por ciento los desvíos de fondos públicos tras aprobar leyes que blindan a denunciantes.
Con ese ejemplo, ante el marco legal actual mexicano que consideran «insuficiente», los defensores de la libertad de expresión plantean una reforma para crear una «Ley de Protección a Personas Denunciantes».
Uno de los principales objetivos de esa ley debería ser «crear canales anónimos para proporcionar información a las fiscalías y la prensa».
Asimismo, proponen establecer «sanciones» en el sector público y privado a quienes despidan o difamen a las personas denunciantes.
Otro componente de una nueva legislación debería financiar la protección física y psicológica con un fondo estatal.
Proponen asimismo «evitar la criminalización de quienes expongan información de interés público, y brindar protecciones laborales contra represalias».
Los defensores de derechos humanos y de las libertades civiles sostienen que una sociedad que se beneficia de conocer la información oculta debe exigir y ser capaz de proteger a quienes la desentierran y la exponen a la luz.
En el país latinoamericano, en cambio, «en su lugar, los mismos poderes acusados de manipular y desinformar usan sus herramientas para atacar a quien los hace salir de la oscuridad y rendir cuentas».
El expresidente de la Suprema Corte de Justicia (2019-2022) Zaldívar, respondió al reportaje de Aristegui Noticias en su cuenta de la red social X, a finales de abril.
El exjuez del máximo tribunal asegura en una carta que el contrato entre la Suprema Corte con una empresa de relaciones públicas fue con el fin de monitorear redes sociales y realizar servicios de análisis de comunicación.
Negó además que los servicios se utilizaron para «beneficiar, fortalecer, crear o producir contenido» que le favorecieron o aumentaron el impacto en sus redes sociales.
Finalmente afirma que este contrato no fue utilizado para calumniar o realizar campañas de desprestigio en contra de alguien en particular.
Acosta Urquidi estima que, ante el silencio de toda la clase política representada en el Congreso, de casi todos los medios dominantes, del Gobierno y el Poder Judicial, «la única esperanza para conocer la verdad de este caso es acudir a relatores interamericanos y de la ONU para que lo investiguen».
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