La conmemoración coincide con la ceremonia de traspaso de mando entre el presidente saliente, Luis Lacalle Pou (centroderecha) y Yamandú Orsi (centroizquierda), que comienza su mandato este sábado.
APERTURA
Tras 12 años de dictadura cívico-militar, el 1 de marzo de 1985 el dirigente del Partido Colorado (PC, centroderecha) Julio María Sanguinetti asumió el gobierno luego de un período de transición con las Fuerzas Armadas.
A comienzos de la década de 1980, dirigentes políticos y militares comenzaron a dialogar sobre una posible apertura democrática.
En 1980 el gobierno cívico militar buscó legitimar su permanencia en el poder mediante un plebiscito para reformar la constitución; la población lo rechazó con el 56 por ciento de los votos válidos y así se dio el primer paso hacia la apertura democrática.
Dos años después, una crisis económica y financiera produjo un alza de la inflación, el descenso de exportaciones y el cierre de empresas, lo que aumentó el descontento social.
En ese contexto se produjeron los primeros diálogos, que desembocaron en el Pacto del Club Naval, en julio de 1984, un acuerdo en el que se establecieron las condiciones para la convocatoria de elecciones nacionales.
En las negociaciones participó el Partido Colorado, el Frente Amplio (FA, centroizquierda) y la Unión Cívica (UC, centro). El Partido Nacional (PN, centroderecha) se retiró de las conversaciones cuando los militares plantearon la realización de elecciones, pero con partidos y candidatos proscritos.
Los comicios se realizaron en noviembre de ese año y con la proscripción de dos de los principales líderes políticos de la época, Wilson Ferreira Aldunate del PN, uno de los favoritos para llegar a la presidencia, y Líber Seregni, del FA.
SOMBRAS
El acuerdo y la realización de la elección, en la que triunfó Sanguinetti, marcó el fin de la dictadura y permitió una transición pacífica hacia la democracia.
«En Uruguay hubo una transición muy ordenada, que permitió tener una paz política», dijo a la Agencia Sputnik el expresidente Sanguinetti.
El exmandatario recordó que la salida de la dictadura uruguaya fue muy distinta a la de Argentina, donde no hubo una negociación, sino un «derrumbe» del régimen militar tras la derrota en la Guerra de las Malvinas en 1982.
Incluso, a diferencia de Uruguay, los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) en Argentina estuvieron signados por una gran inestabilidad producto de varios levantamientos militares y el juicio a las juntas militares (los órganos de gobierno durante la dictadura) por los crímenes cometidos durante el régimen de facto, recordó Sanguinetti.
Para el exmandatario, la transición permitió hacer reformas económicas que perduran hasta la actualidad, entre ellas la Ley Forestal de 1987, que impulsó el desarrollo de uno de los principales sectores de la economía uruguaya.
No obstante, la apertura hacia la democracia tuvo sus sombras.
El historiador Carlos Demasi dijo a esta agencia que en el pacto del Club Naval, Sanguinetti negoció con los militares las condiciones para las elecciones, pero postergó el tema de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Según Demasi, luego de ese cónclave, los sucesivos gobiernos mantuvieron a los militares en una «situación preferencial» respecto a estos crímenes.
En 1986, bajo el primer gobierno de Sanguinetti, se aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que bloqueó durante décadas las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de los militares.
La norma se intentó anular en dos consultas populares en 1989 y en 2009, pero no alcanzó los votos necesarios, por lo que continuó en vigencia.
Finalmente, en 2011 los efectos de esta ley fueron anulados en el parlamento, lo que permitió reanudar investigaciones y encarcelar a militares responsables por estos crímenes.
Demasi señala que al inicio de los gobiernos del FA (2005-2020) hubo una voluntad de investigar estos crímenes que luego se fue «enfriando».
Hasta ahora, ninguno de los gobiernos logró satisfacer por completo la demanda por verdad y justicia de las familias de los uruguayos desaparecidos en la dictadura militar.
Hay 197 casos de detenidos desaparecidos uruguayos que fueron denunciados. De ese total, fueron hallados los restos de 33 personas, en Uruguay y en Argentina.
El politólogo Adolfo Garcé, integrante del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, dijo a la Agencia Sputnik que esta es «una deuda» de la democracia uruguaya.
«Este es uno de los costos de la transición negociada con los militares. Al convocar a elecciones con candidatos proscritos se debilitó el arco democrático y por lo tanto se pudo avanzar poco y nada en la justicia transicional. Hubo una transición, pero no fue óptima. Hubiera sido mejor con todos los partidos políticos», aseguró Garcé.
Sanguinetti entiende que la Ley de Caducidad permitió pacificar el país y «zanjar las presiones militares».
«Sería ridículo pensar que después de 12 años de dictadura se iba a gobernar sin alteraciones. La gente ratificó la ley en (el referendo de) 1989 porque quería paz», sostuvo el exmandatario.
RESPETO INSTITUCIONAL
Cuarenta años después de la apertura democrática, los principales partidos políticos mantienen un compromiso con el respeto a la institucionalidad.
Los sectores militares y políticos que defienden la actuación de las Fuerzas Armadas durante el período de facto continúan existiendo, pero perdieron espacio en el sistema político y en la opinión pública.
Por su parte, los grupos de izquierda que adoptaron la lucha armada como herramienta política en la década del 60, como la guerrilla MLN-Tupamaros, se han adaptado a la vida democrática.
Por ejemplo, el exlíder tupamaro José «Pepe» Mujica fue uno de los fundadores en 1989 del partido Movimiento de Participación Popular y se integró a la coalición de partidos de izquierda Frente Amplio. Desde allí Mujica construyó su liderazgo político hasta llegar a la Presidencia (2010-2015).
En estos 40 años de democracia han gobernado en alternancia los tres partidos mayoritarios del Uruguay: el PC, el PN y el FA y todos llegando al fin de sus mandatos, lo que distingue a Uruguay en la región.
«En Uruguay nadie discute los resultados de las elecciones y se reconoce a la autoridad electoral. No hay denuncias de fraude. Parece obvio, pero no lo es tanto cuando uno mira la región», sostiene Garcé.
Para Sanguinetti, la clave está en la «cultura cívica» de la sociedad, que se mantuvo a lo largo del siglo XX y que la dictadura no pudo derrumbar.
ESTABILIDAD
Uruguay lidera los rankings de calidad democrática en la región y se distingue por la baja percepción de corrupción, el respeto a la libertad de prensa e independencia judicial.
Garcé agrega que esta estabilidad democrática se explica por una fortaleza de los partidos políticos que es bastante «infrecuente» en el mundo.
«El mundo es un cementerio de partidos que nacen y mueren a una velocidad vertiginosa. En Uruguay, a partir del 1 de marzo habrá en el Senado solo tres partidos con enorme arraigo. Dos de ellos, el Colorado y el Nacional, nacidos en el siglo XIX. El tercero, el Frente Amplio, en 1971», explica Garcé.
El politólogo agrega que la estabilidad se explica porque los partidos en Uruguay suelen funcionar en base a «aprendizajes acumulados».
«Rara vez hay acuerdos multipartidarios. Si un gobierno inicia una política, la oposición del momento la cuestiona, incluso con deshonestidad intelectual. Pero al mismo tiempo es muy probable que si la oposición llega al poder y la política es buena, se mantenga», explica Garcé.
La continuidad que hay en muchas políticas no implica que el debate entre partidos no sea crispado.
«A veces sentimos que estamos en una olla a presión. Pero la sangre no llega al río al punto de alterar la convivencia democrática», señala Garcé.
Para analistas y medios internacionales esto distingue a Uruguay en un contexto global en el que el debate político suele ser estridente.
De hecho, varios medios regionales destacaron los discursos medidos y respetuosos de Orsi y Álvaro Delgado (PN) en noviembre del año pasado, luego de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que le dieron la victoria al Frente Amplio.
AMENAZAS
El relativo éxito de la democracia uruguaya en estos 40 años no significa que no presente amenazas y desafíos.
La inseguridad es el principal problema del país para la población desde hace más de 15 años, según una encuesta divulgada la semana pasada por la consultora Equipos.
El delito que más aumentó en los últimos 10 años es el homicidio.
La tasa se ubica en 10,5 asesinatos cada 100.000 habitantes, lo que casi duplica el promedio mundial.
Buena parte de estos homicidios se explican por un aumento de la presencia del narcotráfico desde que el país se convirtió en un centro de acopio de la droga que luego se envía a Europa.
Las disputas por territorio entre bandas que controlan la venta de drogas en barrios marginales generaron un importante incremento de los asesinatos por ajustes de cuentas.
Este fenómeno creciente presenta riesgos para la democracia, señala Garcé.
«La democracia debe asegurar orden para no perder legitimidad», explica el politólogo.
«De lo contrario, sucede como en El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele logró seguridad arrasando con las instituciones y la libertad», sostuvo.
Por otro lado, el aumento del narcotráfico representa un riesgo para la democracia, en la medida que la delincuencia empiece a financiar la política.
«Hasta ahora el narcotráfico no ha penetrado en la política en Uruguay. Pero los partidos no están blindados, porque los organismos encargados de controlar la financiación ilegal de campañas y prevenir la corrupción, siguen siendo débiles», asegura Garcé.
Por otro lado, el politólogo observa un proceso de «partidización» fuerte en la Fiscalía General de la Nación, lo que afecta la independencia judicial.
«Se está instalando una sospecha permanente contra los fiscales y periodistas que manejan casos de corrupción. Y a su vez hay fiscales y periodistas que pasan a hacer política», remarca Garcé.
Estas amenazas, sin embargo, todavía no hacen mella en la imagen internacional de Uruguay.
Y tampoco dañan la confianza que tienen los uruguayos en su propia democracia.
De hecho, en la región son los más satisfechos con su forma de gobierno, según la encuesta Latinobarómetro 2024.
