El presidente de Perú, Pedro Castillo / Foto: Karel Navarro - Presidencia Perú
«El Tribunal Constitucional (…) ha resuelto declarar la nulidad del acuerdo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República de fecha 28 de febrero de 2022, en lo referido a la admisión de la denuncia en contra del favorecido, así como del Informe Final de la Denuncia Constitucional 219, por vulnerar el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria», dice una resolución del órgano difundida en la prensa local.
El TC declaró fundada la demanda de «habeas corpus» que presentó la defensa del mandatario contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, que fue la aprobó la denuncia por traición a la patria en contra de Castillo.
Los abogados defensores del mandatario presentaron la semana pasada el recurso de habeas corpus por esta causa.
«Considero que (el pedido) es un habeas corpus porque del delito de traición a la patria tiene una condena de 15 años de cárcel, por eso su libertad personal está en peligro», dijo el abogado Eduardo Pachas ante los magistrados del tribunal.
El defensor añadió que el Congreso, en el informe de subcomisión que presentó la acusación para inhabilitarlo por cinco años, no especifica cuál es el delito cometido por el mandatario para que se aplique el concepto de traición a la patria y aseguró que el proceso actual es «un linchamiento político típico de la Inquisición».
La denuncia constitucional fue presentada en febrero por parlamentarios opositores que acusaron al presidente de violar la carta magna al haber cometido presuntamente el delito de traición a la patria.
El documento se basa en las declaraciones que hizo en enero el jefe de Estado a la cadena CNN en Español, en donde aseguró que buscaría darle una salida soberana al mar a Bolivia.
A principios de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Poder Legislativo aprobó un informe que recomienda inhabilitar a Castillo por cinco años por el presunto delito de traición a la patria.
Tras la aprobación en la subcomisión, el informe debía ser votado en la Comisión Permanente (órgano con representantes de todas las bancadas) y, de prosperar, se elevaría al pleno para su votación final.
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