Senadores de EEUU denuncian como «ejecuciones extrajudiciales» los ataques de Trump en el Caribe

La polémica por el uso unilateral de la fuerza se ha intensificado en los últimos días, con voces de ambos partidos reclamando transparencia y respeto a la Constitución. Las críticas no solo se centran en la falta de autorización parlamentaria, sino también en la opacidad de las pruebas que supuestamente justificaron los bombardeos contra embarcaciones civiles.

El Senado cuestiona la legalidad de las operaciones

El senador republicano Rand Paul calificó los ataques de “ejecuciones extrajudiciales” y denunció la ausencia total de pruebas que los respalden. “Nadie ha dicho quiénes eran, ni qué pruebas hay. Nadie ha explicado si estaban armados. Esto no es una guerra, son ejecuciones”, afirmó.

Desde el lado demócrata, Tim Kaine coincidió en que el Ejecutivo ha actuado fuera de sus competencias. “Si vamos a estar en guerra, sea en Nicaragua o Venezuela, debe hacerse con debate y votación del Congreso”, defendió. Ambos senadores, junto con Adam Schiff, han impulsado una Resolución de Competencias de Guerra para frenar la intervención militar estadounidense en territorio venezolano.

Trump, actualmente de gira por Asia, ha insinuado que “los ataques en suelo venezolano son una posibilidad real”, según su aliado republicano Lindsey Graham, quien defiende que el presidente “no necesita una declaración formal de guerra” para actuar.

La Constitución estadounidense exige aprobación del Congreso para cualquier acción militar prolongada</p></blockquote><p>

Diez ataques sin autorización y víctimas mortales

Estados Unidos ha ejecutado diez ataques en las últimas semanas contra embarcaciones en el mar Caribe sin el visto bueno del Congreso. Según fuentes legislativas, las operaciones se habrían desarrollado bajo mando directo del Pentágono y con participación de la CIA en tareas de inteligencia vinculadas a Venezuela.

El Senado mantiene dividido el control sobre la guerra mientras aumentan las víctimas civiles

El debate sobre el poder presidencial

El senador demócrata Mark Kelly considera “cuestionable” la base legal de las operaciones. “Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Defensa nos han ofrecido una explicación coherente”, señaló. Su compañero de bancada Rubén Gallego fue más tajante: “Estos no son operativos antidroga, son asesinatos”.

Desde el Partido Republicano, James Lankford también criticó la falta de comunicación con el Legislativo. “Si esto hubiera pasado con otro presidente, el país estaría indignado”, dijo.

Las operaciones en el Caribe reabren el histórico conflicto entre el poder ejecutivo y el legislativo en EEUU

Implicaciones regionales y diplomáticas

Los ataques, atribuidos a la lucha contra el narcotráfico, han elevado la tensión con varios países del Caribe y América del Sur. Venezuela ha denunciado una violación de su soberanía y advierte de consecuencias si continúan los bombardeos. Expertos en derecho internacional advierten que la intervención sin pruebas verificables podría vulnerar las normas de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza.

En el plano interno, el caso ha abierto un debate sobre el papel del Congreso y los límites del presidente como comandante en jefe. La Administración Trump se enfrenta a una presión creciente para rendir cuentas y clarificar los criterios bajo los que se autorizaron las operaciones.

El episodio ha destapado una fractura profunda en la política exterior de Estados Unidos. Mientras el Ejecutivo defiende su derecho a “proteger la seguridad nacional”, senadores de ambos partidos recuerdan que la ley no permite guerras secretas. El Congreso busca ahora restablecer el equilibrio institucional en un contexto cada vez más volátil en el Caribe y América Latina.

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