La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo
«La disculpa pública es algo que comenzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que nosotros le vamos a dar continuidad (…), reconoce crímenes como éste y al mismo tiempo pone un alto y dice nunca más (…), este decreto va a salir publicado en el Diario Oficial de la Federación», dijo la jefa del Ejecutivo en conferencia de prensa.
El decreto fue leído por la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y la secretaria de Gobernación (Interior), Rosa Icela Rodríguez, encargada de la política interior, leyó una disculpa pública del Estado mexicano a todos los familiares que perdieron a alguien el 2 de octubre de 1968.
«Se trató de un reprobable acto de represión estudiantil y social que tuvo como consecuencia decenas de muertos, heridos, detenidos extrajudicialmente y torturados, con la masacre de Tlatelolco se dejó ver el agotamiento del Estado represor, vertical y autoritario, que usó las fuerzas de sus instituciones en contra del pueblo», dijo la flamante presidenta.
Expresó que, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, esa orden fue dada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) contra el movimiento estudiantil que exigía libertad, democracia y la liberación de presos políticos, reseñó.
«Soy hija del 68», dijo al relatar que su madre apoyó el movimiento y fue despedida de su trabajo académico por ese motivo.
Hace 56 años en la Plaza de Tlatelolco, «fue perpetrada una de las mayores atrocidades que se vivió en México en la segunda mitad del siglo XX», enfatizó.
Sheinbaum, de 61 años, es la primera mujer presidenta en la historia del país norteamericano, y su experiencia política comenzó como activista en un movimiento estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México, en los años 1980, donde estudió ingeniería en energía ambiental.
Ante las protestas permanentes a lo largo de décadas por la masacre de 1968, se creó en 2002 una Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que permitió procesar, sentenciar y llevar al expresidente Luis Echeverría (1970-1976) -sucesor de Díaz Ordaz y encargado de la política interior en su Gobierno-, a purgar prisión domiciliaria por casi tres años, antes de fallecer en 2022.
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