La promesa electoral del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de impulsar una nueva Constitución, entró en un compás de espera, pese a haber sido señalada como prioridad para su nuevo Gobierno.
En campaña, Noboa afirmó que la actual carta magna, vigente desde 2008, «tiene muchísimos errores que descalabran totalmente la posibilidad de darle seguridad y tranquilidad a las personas».
También adelantó que una eventual Asamblea Constituyente (AC) establecida para tal fin sería «rápida» y «eficiente», con la participación de «las personas más preparadas», e incluso propuso para su redacción a la ciudad de Riobamba, por ser la sede donde nació la primera Constitución del país, en 1830.
Sin embargo, tras la conformación de la nueva Asamblea Nacional (parlamento unicameral), donde su partido, Acción Democrática Nacional (ADN, centroderecha), tiene mayoría, tanto Noboa como el ministro de Gobierno, José de la Gasca, deslizaron la posibilidad de realizar cambios constitucionales sin la necesidad de una AC, aunque no descartaron su convocatoria.
«Si podemos hacer reformas constitucionales y pasan esas reformas, estupendo. Si necesitamos enmiendas, también. Y si esto de aquí no funciona y necesitamos hacer una constituyente, ya sabremos de valorarlo en su momento», indicó entonces De la Gasca en entrevista con el canal local Teleamazonas.
La iniciativa inicial ya contaba con detractores, frente a la posibilidad adelantada de que fuera acortado el proceso de elaboración del texto, que en Ecuador consta de tres pasos: la consulta para que los electores decidan si quieren una nueva Constitución, la elección de los constituyentes que van a redactar el contenido y el referendo final para refrendar o rechazar el documento resultante.
De la Gasca había aseverado que otras constituciones han sido un «traje a la medida» de los Gobiernos de turno y tras arremeter contra la carta magna vigente, aprobada durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017), dijo que era necesario cambiar lo que no era funcional a las actuales circunstancias.
La idea planteada por el ministro contemplaba que fueran los distintos poderes del Estado quienes nominaran a sus representantes en la Asamblea y no mediante el sufragio de los 13 millones de votantes, eliminando uno de los pasos establecidos por la norma vigente.
«Yo pienso que bien estaría legitimado que sean esos poderes del Estado los que integren por designación los miembros de la Asamblea Constituyente y que no necesariamente tengamos que ir a un proceso de elecciones para escoger a los asambleístas, porque ya tenemos representantes escogidos por autoridad popular», dijo el funcionario en una entrevista radial el pasado 28 de abril.
El Foro por la Democracia, formado por juristas y politólogos de Ecuador, cuestionó el alto costo de la instalación de la AC y rechazó la propuesta de una selección de «notables» para elaborar una nueva carta magna.
Otros actores respaldan la iniciativa, entre ellos el exjuez constitucional Enrique Herrería, quien consideró la posibilidad de que un grupo de personas designadas «pueda elaborar un proyecto de Constitución en un mes, trabajando ocho horas al día».
El abogado Salim Zaidán, experto constitucionalista, cuestionó lo inoportuno de convocar a una AC, no solo por su alto costo en términos económicos, sino porque antes de ir a las urnas existen otras vías para reformar los elementos susceptibles de perfeccionar.
«No creo necesario una Asamblea Constituyente, porque todos los cambios que se proponen por parte de diversos sectores sociales y políticos pueden ser canalizados a través de reformas parciales a la Constitución, los códigos y leyes y demás políticas públicas», aseguró el experto a la Agencia Sputnik.
En diferentes artículos, la carta magna vigente prevé reformas parciales o enmiendas, reformas constitucionales y la convocatoria a una AC; en cada caso, la Corte Constitucional deberá calificar la constitucionalidad de los procedimientos previstos.
Como Zaidán, otros analistas apuntan a la viabilidad de hacer reformas a través de la Asamblea Nacional, en particular en temas referidos a la institucionalidad del país, donde consideran que la Constitución es perfectible.
Rafael Quintero, historiador y diplomático retirado, quien fue constituyente en 2008, expuso a la Agencia Sputnik su desacuerdo con la pretensión del Gobierno de cambiar la carta magna.
Para Quintero, lo que se busca con esta propuesta es «prácticamente su abolición y su reemplazo por otra Constitución».
«La Constitución vigente incluyó nuevos preceptos, garantías y derechos, como la ampliación de los derechos de género, la forma en que se debe desechar todo tipo de representación funcional, corporativista, y revalorizar el voto directo de los ciudadanos, porque ya no se necesitaba ser alfabeto o letrado para poder votar, sino que todo el mundo podía votar; se rebaja incluso la edad de los votantes, de tal manera que hay una visión de un mayor involucramiento y participación de la ciudadanía», explica el historiador.
En el foco del Gobierno estarían algunos cambios que guardan relación con la institucionalidad en el país, como la supresión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpcss), una entidad autónoma desde donde se organizan los procesos para la elección de unas 70 autoridades de fiscalización y control, como el titular de la Fiscalía General del Estado, el Procurador General y los integrantes del Consejo Nacional Electoral, cuya transparencia ha sido cuestionada.
El 28 de marzo, Noboa dijo que el consejo «solo genera interferencias» y que el país «debería volver» a habilitar al Poder Legislativo para que cumpla con el rol que actualmente tiene el Cpcss.
Líderes gremiales y del progresismo ven en esta iniciativa del Gobierno su intención de imponer una regresión de derechos en varios ámbitos, como en el laboral y el estudiantil e incluso privatizar el seguro social y empresas públicas como la estatal petrolera Petroecuador.
Entre quienes han mostrado reparos a esta iniciativa está Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional del movimiento Pachakutik.
El dirigente dijo que la organización entiende que con un nuevo texto «hay un riesgo en la regresión de derechos de la naturaleza, derechos de los niños, de las mujeres, de los jóvenes y los derechos de los pueblos indígenas».
Los primeros dardos a la iniciativa apuntaban a que una nueva convocatoria representaría la erogación de cerca de 200 millones de dólares entre los tres llamados a las urnas y la realización de las sesiones de los «constituyentes» elegidos para redactar el nuevo texto.
Para Zaidán, el país no está en condiciones de destinar este alto monto, en un momento complejo para la economía, con indicios de recesión desde el segundo semestre de 2024.
«No estoy de acuerdo con iniciar un nuevo proceso constituyente, porque representa un alto costo para el presupuesto general del Estado. Algunos hablan de 120 (millones de dólares), otros de 200 millones de dólares, dinero que se necesitaría para destinarlo a seguridad, salud y educación», señaló.
En tanto, el analista económico Alberto Acosta Burneo indicó a la Agencia Sputnik que no ve un gasto sino una inversión a largo plazo, ya que considera que el texto constitucional vigente frena el desarrollo económico de Ecuador.
«Hacer una nueva Constitución es una inversión. El mayor gasto que tiene el país es quedarse estancado. Es un país que no crece en la última década, donde el crecimiento ha sido minúsculo, por debajo del crecimiento poblacional en muchísimos años. Entonces, más gasto que ese, es imposible», señaló Acosta Burneo.
El economista es contrario a hacer «reformas parche», al considerar que, si bien se pueden corregir ciertos temas, se dejarían de lado otros que no son «tan interesantes», como los económicos y técnicos.
«Cambiar la Constitución no soluciona los problemas de hoy. Es una inversión para el futuro, para que tengamos una mejor situación económica y más bienestar», aseveró.
Tras el inicio del actual periodo Legislativo y con mayoría en las comisiones legislativas, el Gobierno ha cambiado su parecer respecto a la AC, aunque no la descarta de plano.
No obstante, «la constituyente sigue estando en el escritorio», ha dicho De la Gasca, quien ratificó la necesidad de hacer cambios constitucionales, pero paso a paso, según lo dispongan los tiempos políticos.
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