Justicia
El Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca resolvió que la ANDIS actuó sin sustento jurídico al interrumpir miles de pensiones mediante auditorías médicas y notificaciones defectuosas. La sentencia llega en un contexto de controversias, denuncias de corrupción y una creciente tensión entre el Gobierno y las organizaciones de personas con discapacidad.
El tribunal ordena restituir las pensiones en 24 horas por considerarlas un derecho adquirido
El fallo judicial, al que accedió la prensa local, ordena a la ANDIS “el pago de las pensiones retenidas en el plazo de 24 horas”, tras atender una acción de amparo colectiva presentada por organizaciones de personas con discapacidad, titulares de pensiones y el Defensor del Pueblo provincial.
Las auditorías médicas y las bajas se ejecutaron sin actos administrativos individuales, según el tribunal
La demanda planteaba que la suspensión de pagos aplicada desde julio vulneró el derecho de defensa, ya que las bajas se comunicaron con lenguaje técnico y sin permitir una revisión adecuada de cada caso.
En su descargo, el organismo sostuvo que actuó amparado en decretos de 2017 y 2024 y que las auditorías habían sido notificadas correctamente. Sin embargo, el tribunal rechazó ese argumento al considerar que no existieron actos administrativos individuales que justificaran las bajas.
La Justicia calificó la suspensión de “obrar material carente de sustento jurídico”
El juzgado remarcó que las pensiones no contributivas son propiedad de sus titulares y solo pueden ser suspendidas mediante un proceso regular que respete el debido proceso y motive adecuadamente cada decisión. Más aún, añadió, cuando se trata de prestaciones esenciales vinculadas a la salud y la subsistencia.
La sentencia recordó que en septiembre se aprobó una ley que declaró la emergencia en discapacidad hasta 2026, lo que deja sin efecto los criterios más restrictivos establecidos por un decreto de 2024 que la ANDIS seguía invocando.
La polémica sobre las pensiones se da mientras la ANDIS atraviesa una crisis interna por una causa judicial abierta en agosto. Unos audios atribuidos al exdirector Diego Spagnuolo describen una supuesta red que cobraba sobornos a laboratorios a cambio de beneficios en licitaciones de medicamentos.
La investigación apunta a si Spagnuolo y otras 14 personas integraban una “organización delictiva” que aplicaba sobreprecios y direccionaba compras. En los audios también se menciona a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, como presunta recaudadora de parte de esos pagos, extremo que la Justicia continúa analizando.
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