«Invitamos al Gobierno nacional (…) a permitir que Petroecuador opere como una empresa con autonomía administrativa y financiera, sin retirarle su flujo de caja, sino recibiendo solo su utilidad», dijo el presidente de la Antep, David Almeida, en conferencia de prensa.
La política petrolera del Gobierno de Guillermo Lasso plantea delegar a la empresa privada la administración de algunos activos como la refinería Esmeraldas, y la operación de algunos campos petroleros actualmente en manos de la estatal Petroecuador.
Lasso también busca vender las estaciones de servicio de combustibles que tiene la petrolera estatal.
Según el presidente, durante su Gobierno de cuatro años debería duplicarse la producción petrolera del país para que se ubique en un millón de barriles por día.
Almeida aseguró que lograr esa cifra implicaría producción de campos de los cuales no se tiene información sobre pozos exploratorios, o incluso en zonas donde las perforaciones no han encontrado hidrocarburos.
«Hacemos un llamado al Gobierno, para que defienda con cifras y evidencias su propuesta», dijo el dirigente sindical.
Según Almeida, la posible entrega al sector privado de los campos que están en producción, es perjudicial para el Estado, sin importar el tipo de contrato que rija.
En cuanto a la venta de las estaciones de servicio, Almeida dijo que su privatización eliminaría las regulaciones del mercado de los combustibles por parte del Estado, lo cual provocaría que se disparen los precios, principalmente de la gasolina súper (92 octanos) que están liberados desde mayo de 2020.
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