En el centro, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, acompañado por el titular de Defensa, Gian Carlo Loffredo, a la izquierda y un agente de seguridad a la derecha (Foto: Presidencia El Salvador/dpa)
La medida busca reforzar la capacidad de las fuerzas del orden y fomentar la corresponsabilidad del sector privado en la estabilidad del país.
La nueva legislación, denominada “Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, obtuvo el respaldo de 82 de los 151 parlamentarios. El texto propone un mecanismo de donaciones que permitirá a los contribuyentes nacionales aportar bienes muebles e inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, en condiciones óptimas de uso, a las instituciones de seguridad.
La norma se enmarca dentro del plan del Ejecutivo para atraer inversión y reducir el riesgo país al tiempo que refuerza la seguridad interna, en un contexto de elevada preocupación ciudadana por la violencia y el crimen organizado.
La medida abre un canal de cooperación entre Estado y empresa privada para mejorar la seguridad sin comprometer el gasto público
El proyecto fue remitido ahora al presidente Noboa para su sanción u objeción, conforme establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La ley fija un incentivo tributario clave: las donaciones realizadas por contribuyentes nacionales podrán deducirse del Impuesto a la Renta hasta un límite del 30% del impuesto causado en el ejercicio fiscal correspondiente, sin derecho a devolución. Además, podrán participar entidades extranjeras, organismos internacionales o gobiernos con acuerdos de cooperación, lo que amplía el alcance de los recursos potenciales.
El objetivo del Gobierno es dotar de equipamiento estratégico a las fuerzas del orden sin aumentar el déficit público
Los aportes estarán sujetos a controles de transparencia y deberán destinarse exclusivamente a fortalecer la seguridad y la paz ciudadana.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Beneficiario del incentivo | Contribuyentes nacionales |
| Tipo de donación | Bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos |
| Deducción fiscal máxima | 30% del impuesto a la renta causado |
| Derecho a devolución | No aplica |
| Supervisión | Ministerio de Economía y Finanzas y entidades de control |
| Entrada en vigor | Desde la publicación oficial de la ley |
Durante la votación, la mayoría oficialista defendió la iniciativa como una herramienta “pragmática y necesaria” para reforzar la seguridad nacional sin recurrir a mayor endeudamiento público. Los sectores opositores, en cambio, pidieron mayores garantías sobre la trazabilidad de las donaciones y la fiscalización de los fondos.
Aun así, la ley se aprobó por amplia mayoría, confirmando el respaldo político al programa de seguridad del presidente Noboa.
El texto fue aprobado con 82 votos y se convertirá en una pieza central de la política de seguridad del actual Gobierno
Su implementación requerirá la creación de reglamentos específicos para regular la recepción de donaciones y definir los catálogos de bienes autorizados. El Ejecutivo deberá establecer mecanismos claros para garantizar la transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano sobre el destino de los recursos.
Los analistas advierten, no obstante, que el impacto fiscal de los incentivos podría reducir la recaudación tributaria si el volumen de aportes privados resulta elevado. Por ello, el Ministerio de Economía tendrá que equilibrar los beneficios en materia de seguridad con la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Con esta ley, el Gobierno ecuatoriano refuerza su narrativa de alianza entre Estado y empresa privada frente a la inseguridad y la necesidad de inversión. La norma, que combina incentivos económicos con objetivos de orden público, se presenta como un experimento fiscal que podría marcar la política de seguridad de los próximos años.
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