Hojas de Coca
Del lunes 20 al miércoles 22 de octubre se desarrolló en ciudad suiza de Ginebra la reunión número 48 del Comité de Expertos en Farmacodependencia (ECDD, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los especialistas se reunieron a puertas cerradas para llevar adelante «una revisión crítica» del estatus de la hoja de coca ante la comunidad internacional.
La iniciativa fue presentada en 2023 por Bolivia y a la postre apoyada por Colombia luego de un largo proceso de crítica a los organismos internacionales que desde hace décadas han criminalizado el consumo y el cultivo de la planta, declarada «patrimonio nacional» por la constitución boliviana de 2009.
Desde 1961, la coca integra la lista 1 de sustancias controladas de la Convención Única sobre Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tal clasificación la equipara, por ejemplo, a la cocaína, la heroína o el fentanilo, y la somete a férreos controles por parte de las autoridades a nivel internacional.
Esta inclusión es por lo menos controvertida: el ECDD ha concluido, en un informe preliminar divulgado este mes, con base en estudios científicos actualizados, que no existen razones objetivas para que la hoja de coca revista tal peligrosidad.
«Bolivia espera que el ECDD consolide, de manera fiel y transparente, la evidencia científica reunida en el examen crítico de la hoja de coca y recomiende su reclasificación fuera de la Lista 1», dijo a la Agencia Sputnik el secretario general de la vicepresidencia del país sudamericano, Juan Carlos Alurralde.
El ingeniero, encargado de presentar la posición de su país el martes ante el comité de expertos, entiende que es necesario cambiar la clasificación «para reparar un error histórico», pues la hoja fue criminalizada «a partir de supuestos hoy superados por la evidencia».
Según el borrador del ECDD, entre 2019 y 2023, Bolivia reportó una producción legal de entre 24,5 y 30 millones de kilos de hoja de coca. En 2023, el país registró 31.000 hectáreas de cultivos, de las cuales 22.000 estaban permitidas. Ese mismo año, se erradicaron 10.302 hectáreas de cultivo.
Respecto a la hoja de coca legal, Perú reportó un mínimo de 339 kilogramos en 2022 y un máximo de 2,1 millones de kilogramos en 2020. A la vez, el país registró 92.784 hectáreas de cultivo ilícito en 2023 y la erradicación manual de 22.600 hectáreas el mismo año. Perú es además el único país que reporta exportaciones de la hoja; entre 2019 y 2023 se exportaron anualmente entre 68.140 y 169.410 kilogramos.
En 2023 (el año más reciente del que se dispone de datos), Colombia reportó, por su parte, más de 250.000 hectáreas de coca ilícita.
Pero el consumo de la planta no se registra sólo en esos países. También se planta en zonas fronterizas de Venezuela, Ecuador y Brasil, y se ha incrementado en países centroamericanos como Honduras y Nicaragua.
«El consumo de hoja de coca está muy extendido en zonas rurales y urbanas de la Amazonía occidental y las regiones andinas, con la excepción de Ecuador. Las poblaciones migrantes han contribuido al surgimiento del consumo de coca en comunidades diaspóricas de otros países sudamericanos y europeos. Además (…) se han expandido nichos de mercado para productos derivados de la coca, como té, harina y bebidas energéticas, particularmente en Sudamérica y Europa», dice el informe preliminar.
En Bolivia, una encuesta de 1984 reveló que el 89 por ciento de las mujeres y el 95 de los hombres consumían la hoja de alguna forma; estimaciones de 2010, citadas en el informe, fijan en unos tres millones la cifra de consumidores, en un país de aproximadamente 12 millones de habitantes.
Según la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia, en tanto, hay en el país entre un millón y 1,5 millones de consumidores.
En Perú se ha reportado un consumo casi exclusivamente rural desde la década de 1940 hasta un consumo generalizado en la actualidad: más del 35 por ciento de los habitantes urbanos de entre 12 y 64 años respondió haber masticado coca alguna vez, según una encuesta de 2005.
Si bien el estatus legal de la planta ha dificultado las investigaciones sobre el consumo, según los expertos del ECDD la hoja «presenta baja toxicidad» y «no se han reportado sobredosis mortales por el uso tradicional». En tanto, uno de los principales efectos adversos reportados es, dependiendo la dosis, la irritación de la mucosa oral.
El informe preliminar tampoco «reveló evidencia de daños clínicamente significativos para la salud» ni evidencias de dependencia.
«Por el contrario, se describió que la masticación de coca se interrumpía fácilmente, especialmente cuando los consumidores migraban a zonas urbanas o cuando el consumo regular se interrumpía por circunstancias como la hospitalización», afirman los especialistas en el documento.
El uso tradicional de la planta en las regiones andinas consiste en masticación e infusión de la hoja (mate) con fines energéticos, para combatir el «mal de altura» o mejorar la digestión.
«Estudios sugieren que la hoja de coca puede modular el metabolismo de la glucosa, mejorar la tolerancia al ejercicio y complementar la ingesta nutricional, aunque la evidencia clínica sigue siendo limitada», dicen los expertos en el borrador.
Respecto al empleo legal de la planta, además de los usos tradicionales, en América Latina se venden principalmente alimentos, bebidas, suplementos dietéticos y productos cosméticos a base de la planta; también se registran insumos agrícolas, como fertilizantes.
Solo en Bolivia se comercializan, además, productos medicinales.
El 15 de octubre, la revista científica Science publicó el artículo «Las distinciones científicas entre la coca y la cocaína apoyan la reforma política».
Firmado por académicos residentes en distintos países del mundo, en el texto se ofrecen evidencias actualizadas en favor de un cambio en relación al estatus de la hoja de coca.
«Mientras que los 165 años de historia de la cocaína están marcados por riesgos para la salud y disrupción social, el uso de la hoja de coca ha desempeñado un papel positivo en las sociedades andinas y amazónicas durante miles de años», afirman los expertos.
De acuerdo con el trabajo, la ONU define como «coca» a las 258 especies de plantas del género Erythroxylum, que crecen en los bosques tropicales de todo el mundo.
Ese «amplio marco», cuestionan los investigadores, «criminaliza a más de 11 millones de sudamericanos, principalmente indígenas y mestizos, cuyos modos de vida están entrelazados con el cultivo y uso tradicional de la coca, al tiempo que restringe la investigación científica sobre uno de los grupos de plantas más importantes culturalmente y farmacológicamente más intrigantes del mundo».
El licenciado en Ciencias Sociales David Restrepo, uno de los académicos que participó de la elaboración del informe, dijo a la Agencia Sputnik que la inclusión de la hoja de coca entre las sustancias peligrosas es fruto del prohibicionismo promovido por EEUU desde la primera mitad del siglo XX y carece absolutamente de sustento.
A pesar de la abrumadora evidencia en favor de la descriminalización, Restrepo, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, de la bogotana Universidad de Los Andes, es escéptico en cuanto a la posibilidad de que el Comité de Estupefacientes (CDE) de la ONU retire a la coca de la lista, pues considera que se trata de una «instancia muy conservadora» y favorable al prohibicionismo.
«El reporte (del ECDD, que luego se someterá a votación en el CDE) está basado en literatura hecha por académicos serios, que vienen de la ciencia. Claramente afirma que la coca como tal no genera un perjuicio; es una planta que tiene un montón de bondades, que ha sido muy mal entendida y que ha sido vinculada a la cocaína cuando no hay razón para ello. Si el CDE se basa en el informe, las condiciones van a ser favorables. Pero es muy probable que continúe el statu quo», afirmó Restrepo a esta agencia.
Consultado por la Agencia Sputnik sobre cuáles podrían ser los beneficios para su país y para la región de una eventual reclasificación, el secretario de la vicepresidencia de Bolivia mencionó en primer lugar a la salud pública.
«Una reclasificación que reconozca la baja peligrosidad y el bajo potencial de dependencia en usos tradicionales reduce estigma, evita la criminalización de prácticas culturales y permite regulación sanitaria proporcional, con trazabilidad y estándares de calidad», dijo Alurralde.
También mencionó que una descriminalización favorecería la eficacia del combate a los consumos ilícitos, permitiendo focalizar en «puntos críticos» de la producción ilegal.
Dijo además que permitiría avanzar en investigación e innovación a partir de la hoja, pues «una regulación proporcional habilita ensayos clínicos multicéntricos, estandarización de matrices y mejor evidencia clínica».
Y señaló por último que una eventual regulación permitiría fortalecer la seguridad jurídica y los derechos humanos en la región, un camino que debería continuar, a su entender, el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, pues se trata de «una política de Estado».
«Dar continuidad a esta línea fortalece la eficacia del control, protege usos tradicionales y abre una agenda de investigación clínica con estándares internacionales», resumió Alurralde.
El ECDD emitirá sus recomendaciones de forma confidencial en diciembre, y en marzo, en base a estos insumos, la permanencia de la hoja de coca en la lista de sustancias controladas será sometida a votación en el CDE de la ONU, donde, por cierto, no solo se toman en cuenta argumentos científicos.
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