«En respuesta al ciberataque a IFX Networks, durante todo el día la Dirección de Transformación Digital de la Presidencia de la República y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones instalamos el Puesto de Mando Unificado Ciber (PMU Ciber), para conocer los daños y solucionar las afectaciones generadas por el incidente. Son 762 organizaciones afectadas, no únicamente en el territorio colombiano, sino (también) en Chile y Argentina», publicó el funcionario en la red social X, antes llamada Twitter.
Este jueves se realizará una segunda sesión del PMU Ciber para proporcionar actualizaciones sobre la situación con el proveedor IFX Networks, añadió el ministro.
Según reporta la prensa local, entre las 34 entidades del Estado afectadas por el ciberataque están el Ministerio y la Superintendencia de Salud, el Consejo Superior de la Judicatura y la Superindustria.
El consejero TIC de presidencia, Saúl Kattan Cohen, dijo que se puede considerar este ataque «como el mayor a las infraestructuras en Colombia en los últimos años».
«Por eso es importante la creación urgente de la Agencia Nacional de Seguridad y asuntos espaciales», publicó en X.
El ciberataque desplegado fue con la modalidad ransomware (secuestro de datos) y dirigido a IFX Network, una compañía de servicios de comunicación y plataformas digitales que tiene presencia en más de 17 países.
Kattan Cohen y el asesor de seguridad digital y ciberseguridad de la presidencia, Julio Cesar Mancipe, confirmaron al diario local El Tiempo que los hackers están solicitando un valor en criptomonedas para liberar los datos.
Mientras se encuentra una solución al problema, el Consejo Superior de la Judicatura tomó la decisión de suspender los términos judiciales hasta el próximo miércoles, «salvo para las acciones de tutela, hábeas corpus y la función de control de garantías».
La Defensoría del Pueblo, por su parte, publicó un comunicado en el que rechaza el ciberataque y señala que «ha puesto en riesgo la vida de millones de personas que dependen de servicios esenciales; particularmente, han afectado a quienes necesitan acceso urgente a servicios de salud y de justicia».
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, calificó a la situación como «de extrema gravedad» y llamó a «reflexionar sobre la soberanía tecnológica del país y su dependencia de servicios de terceros que manejan los datos de millones de personas».
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