Los residuos tóxicos, que permanecen a la intemperie y expuestos a los elementos de la naturaleza, suponen un riesgo para la salud y la seguridad dado su alto contenido en arsénico, incluso para los sistemas de agua potable, tal y como han denunciado en un comunicado.
«Los residentes de Arica siguen sufriendo graves problemas de salud causados por el vertido», han señalado los expertos, que han denunciado que a la comunidad «se le ha negado el acceso a la justicia durante años, ha recibido escasa o nula compensación, y aún hoy se ignora a quienes necesitan atención médica».
En este sentido, han lamentado que los efectos sobre los Derechos Humanos «no harán más que acentuarse con el paso del tiempo» en la comunidad. Se calcula que 12.000 personas se han visto afectadas por los residuos, si bien muchas de ellas habrían perdido la vida, según el documento.
Entre los efectos secundarios registrados se encuentran casos de cáncer, dolores articulares, dificultades respiratorias, alergias, anemia, abortos y malformaciones. Para la ONU, las autoridades de Suecia y Chile son las responsables de lo sucedido.
En los años 80, la empresa sueca Boliden Mineral AB vertió en Arica cerca de 20.000 toneladas de residuos tóxicos que contenían altas concentraciones de arsénico, mercurio, cadmio y plomo. Boliden pagó a una empresa local, Promel Ltda., para que recibiera los residuos.
Los expertos afirmaron entonces que Suecia sabía que los residuos se vertían en Chile, pero que no actuó en concordancia con sus obligaciones internacionales. En 2013, cientos de residentes de Arica, entre ellos defensores de los Derechos Humanos, pusieron en marcha medidas en Suecia contra Boliden.
El Tribunal de Apelación del Norte de Norrland sostuvo que las reclamaciones de las víctimas estaban limitadas en el tiempo, y el Tribunal Supremo sueco se negó a reconocer el caso. Para Naciones Unidas esto equivale a una violación del derecho a un juicio justo, reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Los relatores de Naciones Unidas también han criticado a las autoridades sanitarias de Arica por permitir la importación de residuos tóxicos sin realizar los análisis químicos pertinentes. Las autoridades también construyeron casas en la zona contaminada por los residuos. «Estas viviendas siguen siendo ocupadas hoy por ciudadanos chilenos, migrantes y solicitantes de asilo que viven en la pobreza o la extrema pobreza», recoge el texto.
«Las autoridades de Suecia y Chile deben cooperar y poner fin a las violaciones de los Derechos Humanos que se producen desde hace mucho tiempo», han señalado los expertos. «Deben tomarse medidas urgentes para devolver los residuos peligrosos a Suecia de forma segura para su correcta eliminación. Deben proporcionarse urgentemente remedios efectivos a los actuales y antiguos residentes de Arica, incluyendo una atención sanitaria adecuada, reubicación y acceso a una vivienda adecuada que pueda garantizar las condiciones para una vida digna», han aseverado.
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