Texto introductorio: La nueva legislación en materia de seguridad pública presentada por Claudia Sheinbaum marca un cambio estructural en la organización y funciones de la Guardia Nacional. Esta reforma, que sustituye a la ley vigente desde 2019, ha generado un fuerte debate nacional e internacional por su enfoque militarizado y la expansión de facultades para realizar investigaciones e inteligencia, incluso en tareas tradicionalmente reservadas a autoridades civiles. A pesar de las advertencias de la ONU, el oficialismo logró aprobar la iniciativa en el Senado, consolidando así un modelo de seguridad que prioriza la participación de las Fuerzas Armadas.
Una nueva arquitectura para la Guardia Nacional
La ley, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados, fue votada en lo particular en el Senado con una amplia mayoría del bloque oficialista. Según el dictamen, la nueva legislación busca regular principios, organización, atribuciones e integración de la Guardia Nacional (GN), así como su coordinación con estados y municipios.
Uno de los elementos más controvertidos es que permite a la GN contar con personal del Ejército, Fuerza Aérea y elementos civiles de confianza, otorgándole un carácter híbrido que, según sus críticos, consolida su naturaleza militar.
La ley autoriza a la GN a realizar funciones de seguridad pública federal, con el objetivo de preservar la paz social, las libertades y proteger los derechos de la población
Poder ampliado para tareas de inteligencia
El dictamen también faculta a la Guardia Nacional para realizar labores de investigación e inteligencia con el fin de prevenir delitos. Estas tareas deberán coordinarse con el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, e incluirán verificaciones y monitoreo dentro de sus competencias.
Este aspecto ha generado especial preocupación entre organismos defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre la ausencia de controles democráticos adecuados y el riesgo de abusos por parte de una institución con fuerte componente militar.
La ONU alertó que la nueva ley otorga facultades de investigación e inteligencia sin mecanismos idóneos de rendición de cuentas, lo cual podría violar derechos fundamentales como la privacidad
Críticas desde Naciones Unidas y la sociedad civil
El Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU (Acnudh) expresó su preocupación desde la primera aprobación en la Cámara Baja. El organismo denunció que la norma “consolidaría la indebida naturaleza militar” de la Guardia Nacional y cuestionó la amplitud de sus nuevas atribuciones sin salvaguardas claras.
Además, advirtió que las disposiciones que permiten al Ejército procesar información de inteligencia representan un riesgo para los derechos civiles y libertades constitucionales.
Organizaciones civiles mexicanas coinciden en que la seguridad pública debe recaer en autoridades civiles sujetas a controles democráticos, no militares
Una reforma con futuro incierto y fuerte oposición
Aunque la nueva ley ha sido oficialmente aprobada, se anticipan impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y posibles reclamos internacionales. Diversos sectores de la oposición han advertido que esta legislación podría ser contraria a los principios constitucionales de civilidad, transparencia y derechos humanos.
La reforma representa uno de los primeros movimientos de fondo de Claudia Sheinbaum desde su llegada a la presidencia y deja claro el rumbo que pretende imprimir en materia de seguridad pública: uno en el que las Fuerzas Armadas ocupan un papel protagónico, en continuidad con el modelo impulsado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
