Juan Guaido y Fabiana Rosales - Rafael Hernandez/dpa
«La responsabilidad y las decisiones sobre la protección de los activos no ha sido ni será una discusión partidista, mucho menos de una persona, pues es un asunto de Estado y así debe tratarse», señala el comunicado difundido por el Centro de Comunicaciones de Guaidó.
Primero Justicia emitió el lunes un comunicado en el que anunció que no participará más en los espacios que atienden la gestión de los activos de Venezuela en el exterior.
Esta organización política indicó que la decisión obedece a que a que en más de un año no había recibido respuestas por parte de Guaidó sobre las propuestas que habían presentado en cuanto a su desacuerdo con la gestión de los activos.
Primero Justicia señaló la falta de receptividad tanto de Guaidó como los representantes del gobierno interino que preside, para explorar y discutir soluciones para proteger los activos del Estado en el exterior.
De igual manera, esa organización política dijo que había propuesto la creación de fideicomiso administrado por un ente externo de alto nivel que garantizara transparencia.
De acuerdo con el comunicado de Guaidó, la gestión de los activos ha seguido un riguroso proceso de control previo y posterior para garantizar su transparencia.
La Fiscalía anunció el pasado 14 de septiembre que abrió una investigación a Guaidó por «usurpación de funciones» de la empresa Monómeros, filial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) en Colombia.
Esta decisión surge luego de que Guaidó dijo que la decisión de las Supersociedades de Colombia de intervenir la compañía venezolana en ese país, Monómeros, era necesaria.
El Gobierno de Venezuela ha acusado al presidente de Colombia, Iván Duque, de robar activos de su país, al intervenir Monómeros.
Monómeros, filial de la estatal venezolana Pequiven, propiedad de PDVSA, fue entregada por el Gobierno de Colombia en el año 2019 a la oposición venezolana liderada por Guaidó.
Las autoridades venezolanas han denunciado que los ingresos de esta empresa han sido robados por la dirigencia opositora para financiar sus gastos.
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