Un grupo de migrantes intenta cruzar a San Diego, Estados Unidos, desde Tijuana, México
«Toda acción política de control migratorio va a tener como efecto el abuso y las violaciones a los derechos humanos, las personas van a seguir saliendo de sus países porque la pobreza y la violencia no han disminuido, que son las causas estructurales», dijo la experta a esta agencia.
El ganador de las presidenciales realizadas el pasado 5 de noviembre contempla también imponer aranceles a México si no cesa el creciente flujo migratorio por su territorio.
Vértiz, directiva del colectivo de redes de México, EEUU y Centroamérica, advierte que «continúa la misma dinámica migratoria ante las mismas causas estructurales de pobreza y violencia por las cuales las personas están saliendo de sus países».
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió en 2014 un total de 2.137 solicitudes de asilo, pero en 2021 se convirtió en el tercer país en el mundo con mayor número de solicitantes con 131.000 peticiones, y para 2023 se elevó a 140.812 solicitudes.
«Lo que han documentado organizaciones es que ya no solo se detienen a personas en contextos de movilidad en estaciones migratorias, sino en espacios más amplios, donde no se les permite movilizarse», indica Vértiz.
El Gobierno mexicano reporta que en 2014 se registraron 127.149 eventos de detención migratoria, y para 2023, se multiplicaron por seis y subieron a 778.907.
A casi dos meses del nuevo Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, las organizaciones civiles no observan un cambio significativo en un fortalecimiento de la política de contención y control migratorio, sin ofrecer permisos por razones humanitarias que establece la ley mexicana.
De enero a julio de 2024, las autoridades migratorias reportan 828.505 detenciones, que representan un 262 por ciento más que en el mismo periodo de 2023.
Continúa la detención de niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias, pero esa práctica se traslada además a espacios gubernamentales más amplios, donde el Instituto Nacional de Migración determina el acceso de menores, explica.
Los arrestos se realizan de manera discrecional, pero «en muy contadas veces eso favorece a los derechos de las personas, que esperan soluciones para trabajar y otros derechos», agrega Vértiz.
Las organizaciones defensoras de migrantes advierten que las acciones de deportación ejecutadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) causarán una repetición del programa «Quédate en México», que obligó a esa población a esperar sus trámites en ciudades fronterizas fuera de EEUU.
«Trump será un presidente que nunca ha negado su intención de ejecutar deportaciones masivas, con acciones racistas y discriminatorias», prosigue la defensora.
La CBP documentó más de 302.000 cruces ilegales de la frontera por migrantes en diciembre del año pasado, la cifra mensual más alta jamás registrada, y en todo el año fiscal 2023 registró 2,4 millones de migrantes indocumentados por la frontera sur estadounidense.
Esas expulsiones podrían afectar a personas mexicanas que han salido de su país ante la inseguridad y la pobreza, quienes regresarán a condiciones peores a las que las obligaron a migrar, anticipa.
«El desplazamiento interno forzado por la violencia es una realidad en amplias zonas del territorio mexicano», apunta sobre la movilidad de decenas de miles de personas que huyen del crimen organizado.
En efecto, los estados de Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, y Chiapas han sufrido en fechas recientes olas de violencia delincuencial.
Vertiz menciona que la experiencia de otros años podría repetirse, cuando las personas encargadas de la custodia de menores de edad fueron detenidos y desaparecieron en las redadas de deportación, causando separaciones de familias.
Incluso, habitantes del sureño estado de Texas ofrecen sus territorios para la construcción de campos de concentración cercanos a la frontera estadounidense.
«Las condiciones de los centros de detención en EEUU son un ejemplo de tratos inhumanos y degradantes, y en eso habrá mejoría», lamenta la especialista.
La defensora recomienda un fortalecimiento en las entidades fronterizas mexicanas que deben prepararse ante la llegada de personas extranjeras y mexicanas que sean deportadas.
La semana pasada, en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones defensoras de migrantes también denunciaron que su labor no es reconocida y enfrenta riesgos de seguridad.
Para coordinar una respuesta «el Estado mexicano debe abrir un diálogo con la sociedad civil y los albergues de migrantes» extranjeros, puntualizó Veritz.
Más de 80 organizaciones y redes de defensoras de derechos humanos en México y Centroamérica unieron esfuerzos para construir una agenda para una nueva política migratoria y de asilo en el sexenio de Sheinbaum (2024-2030).
La propuesta plantea generar un consenso entre las fuerzas políticas, sociales y empresariales para «colocar en el centro de la agenda nacional las necesidades de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas, con protección complementaria, retornadas, deportadas y mexicanas residentes en el extranjero».
A través de 11 ejes temáticos, el documento propone atender el contexto actual, donde predomina «la contención y deportación, sin importar los costos humanos, como la regla en México».
La propuesta plantea que la protección e integración de las personas en situación de movilidad sea «la base para la prosperidad sostenible y el enriquecimiento cultural de la sociedad mexicana».
Los ejes incluyen la construcción de una política de integración sostenible mediante la cual los derechos de las personas en contextos de movilidad humana sean garantizados.
Propone el «fortalecimiento del sistema de asilo, con la garantía de que la entidad pública especializada cuente con autonomía y capacidad institucional suficiente para responder a los desafíos actuales».
Exigen la reducción de delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de personas en contextos de movilidad, la eliminación de las detenciones por razones migratorias y la libertad de las personas durante cualquier procedimiento de asilo.
Denuncian la discriminación racial en contra de personas en situación de movilidad y la desmilitarización del control migratorio
Documentan que en los últimos meses se han incrementado «retenes y puntos de control migratorios que colocan a las personas en movilidad en situaciones de alta vulnerabilidad.
Finalmente lamentan que, ante esos operativos, los migrantes quedan a merced de grupos criminales, viajan por vías más inseguras, hacinadas en tráileres, son expuestas a ser víctimas de extorsión, secuestro, tráfico y trata de personas.
Casi 11 millones de migrantes indocumentados vivían en EEUU hasta 2022, casi la mitad originarios de México, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional.
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