Jair Bolsonaro
El informe policial presentado esta semana ante el Tribunal Supremo Federal cierra casi dos años de investigaciones y sostiene que Bolsonaro lideraba una organización criminal que buscaba dar un golpe tras las elecciones de 2022 para evitar que el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder.
Aunque aún se desconocen los detalles debido a que las más de 800 páginas del documento policial siguen bajo secreto de sumario, sí se sabe que hay pruebas sobre la participación de Bolsonaro en los planes golpistas de sus aliados más cercanos, buena parte de ellos militares de alto rango.
Bolsonaro mantuvo al menos dos reuniones con los comandantes de las tres Fuerzas Armadas para sondear su apoyo al movimiento golpista; en la sede de su partido se encontró un documento sobre una eventual declaración del Estado de Sitio, y en el celular de su mano derecha, Mauro Cid, se encontraron mensajes en que se decía que Bolsonaro retocaría el decreto del golpe.
Otro indicio es el documento en que se trazaba el plan para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, que fue impreso dentro del Palacio del Planalto (sede del Gobierno), cuando lo ocupaba Bolsonaro.
La defensa de Bolsonaro siempre ha sostenido que él no sabía lo que hacía su círculo más cercano y que todo se trata de una «persecución judicial» y una «narrativa construida», pero tras este informe el líder ultraderechista lo tendrá muy difícil para mantener esa versión.
La Fiscalía deberá decidir si denuncia a Bolsonaro y al resto de presuntos implicados, y en caso de que sea imputado será juzgado en el Supremo.
La prensa brasileña calcula que un eventual juicio tendría lugar en 2025, antes las elecciones de 2026.
Los delitos de los que está acusado (golpe de Estado, abolición del Estado Democrático de Derecho y pertenencia a organización criminal) pueden sumar hasta 28 años de cárcel.
Actualmente, Bolsonaro ya está sujeto a medidas cautelares (su pasaporte fue retenido y no puede salir del país) y la Justicia Electoral lo inhabilitó hasta 2030 por delitos de abuso de poder cometidos en la campaña electoral de 2022, cuando usó la Presidencia para difundir bulos sobre el proceso electoral y poner en duda la fiabilidad de las urnas electrónicas que se usan en Brasil desde hace más de 20 años.
A pesar de que a día de hoy no puede concurrir a las elecciones presidenciales de 2026, Bolsonaro no tira la toalla, y recientemente, dado que surge cada vez con más fuerza el nombre de Tarcísio de Freitas, gobernador del estado de São Paulo, como posible sustituto, el expresidente dio un golpe en la mesa de la ultraderecha brasileña: «El candidato soy yo», proclamó en una entrevista con la revista «Veja».
No obstante, su situación legal es cada vez más difícil. En caso de que sea condenado a la pena máxima por su participación en el intento de golpe podría sumar, además de los años de cárcel, un extra de inhabilitación electoral: no podría postularse a un cargo político hasta el año 2061, cuando tendría 106 años.
Además, el movimiento de amnistía que los parlamentarios de la ultraderecha estaban liderando en el Congreso Nacional para aprobar una ley que librara tanto a Bolsonaro como a los condenados por el asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023, previsiblemente perderá fuerza en los últimos meses.
La mayoría de analistas políticos ya anunciaron que la amnistía estaba enterrada después de que hace unos días un bolsonarista radical hiciera explotar dos bombas en el centro de Brasilia y después se suicidara tras intentar atacar el Supremo.
Tras el demoledor informe policial de esta semana, las posibilidades de un perdón para Bolsonaro y su entorno son aún más improbable.
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