La coordinadora nacional de Vente Venezuela y opositora María Corina Machado
«Por lo que atendiendo a estos hechos donde sectores de la extrema derecha liderados por María Corina Machado y otros, han manifestado su apoyo a la misma: ha decidido iniciar una investigación contra la mencionada indiciada para ser imputada, por su promoción y apoyo a dicho adefesio jurídico que patrocina terribles actos delincuenciales contra el pueblo venezolano», informó la Fiscalía en un comunicado.
Machado publicó un mensaje en su cuenta de X en el que agradeció al senador estadounidense Rick Scott por su apoyo y la aprobación de esta ley.
«Contamos con su continuo apoyo para una transición democrática, tal como fue el mandato tras la épica victoria del pueblo de Venezuela el pasado 28 de julio. La Ley Bolívar envía un mensaje claro al régimen: la represión y las actividades criminales tienen consecuencias, y nadie podrá normalizarlas», escribió.
El Ministerio Público consideró que los pronunciamientos públicos de Machado «la involucran gravemente y constituyen la comisión de los delitos de traición a la patria, establecido en el artículo 128 del Código Penal; conspiración con países extranjeros, establecido en el artículo 132 del Código Penal y asociación para delinquir, establecido en el artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada».
La «Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela», que deberá ser aprobada por el Senado del país norteamericano, mantiene la prohibición de contratos comerciales a «cualquier gobierno sucesor en Venezuela que no sea reconocido como legítimo por EEUU».
El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó el documento al considerar que busca impedir la cooperación económica entre ambos países.
Asimismo, Caracas consideró como una ofensa que el proyecto de ley lleve el nombre del prócer Bolívar.
En respuesta, la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Venezuela aprobó el jueves en primera discusión un proyecto de ley que establece la inhabilitación política a perpetuidad a quienes hayan pedido o apoyado sanciones contra el país.
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