Colombia, así lo apunta la prensa internacional, podría estar analizando retirarse del tratado en el que reconoció la jurisdicción de la Corte Internacional de la Justicia (CIJ) de La Haya, después de que el tribunal decidiese recortar su zona marítima en el Caribe para cedérsela a Nicaragua. Colombia, así lo apunta la prensa internacional, podría estar analizando retirarse del tratado en el que reconoció la jurisdicción de la Corte Internacional de la Justicia (CIJ) de La Haya, después de que el tribunal decidiese recortar su zona marítima en el Caribe para cedérsela a Nicaragua.
Esto es al menos, lo que ha asegurado la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Angela Holguín. Aunque los expertos han considerado que ese proceder no invalidaría el fallo del principal órgano de Naciones Unidas (ONU), que es de obligado e inmediato cumplimiento.
El expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández ha señalado que hacerlo ahora “es tardío, es extemporáneo, con eso no gana nada porque el fallo ya se ha producido y no hay marcha atrás”.
La canciller ha señalado en una comparecencia en el Congreso que deben “actuar rápidamente y estudiar el retiro del Pacto de Bogotá”. Ha sostenido también que el fallo del lunes ha dejado abierta la posibilidad de que “Nicaragua presente una nueva demanda para ampliar su jurisdicción en el Caribe en perjuicio del país sudamericano”.
El Pacto de Bogotá o el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, es un acuerdo que se suscribió el 30 de abril de 1948 y que impone a los países firmantes la obligación de reconocer la jurisdicción del CIJ y de buscar soluciones a los conflictos.
A pesar de que el tribunal había ratificado a Colombia la soberanía de siete islotes que reclamaba Nicaragua, además de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el dictamen ha hecho que Colombia pierda potencial económico en pesca y petróleo.
La única opción para que el país presidido por Juan Manuel Santos, ya que las posibilidades de modificar el fallo son casi nulas, es declararse en rebeldía. Lo que sería contrario a la tradición histórica de Bogotá de respetar el derecho internacional.
Mientras tanto, Colombia mantiene las embarcaciones de la Armada que defienden su soberanía en la extensa zona del Caribe que pasó a ser soberanía de Nicaragua.
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