El presidente de Chile, Sebastián Piñera
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por una iniciativa legislativa en Chile que podría poner en arresto domiciliario a las personas condenadas por las violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura militar (1973-1990) ante la propagación del coronavirus en las cárceles.
La CIDH se ha referido en un comunicado a un proyecto de ley que se encuentra actualmente en el Senado, conocido como ‘ley del indulto humanitario’ porque regula la sustitución de las penas de prisión para condenados por cualquier delito por arresto domiciliario por razones humanitarias.
La intención es que se aplique solamente a los reos «de 75 años de edad o más que hubieren cumplido a lo menos la mitad de la condena impuesta, con excepción de los condenados a presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado, quienes deberán tener cumplidos 20 o 40 años de privación de libertad efectiva, respectivamente».
También se podrían beneficiar los presos diagnosticados de una enfermedad en fase terminal o «quienes tengan un menoscabo físico grave e irrecuperable que les provoque una dependencia severa».
La CIDH ha recordado a Chile que, «con relación a las graves violaciones de los Derechos humanos, el Estado debe abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, el indulto, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de una sentencia».
«Los estados deben asegurar el cumplimiento efectivo de la sanción que adopten los tribunales internos, considerando que la imposición de las penas debe contribuir verdaderamente a prevenir la impunidad como mecanismo que impida la repetición de los ilícitos de esa gravedad», ha subrayado.
El organismo regional ha considerado que, en este caso, «el otorgamiento de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión a personas condenadas por graves violaciones a los Derechos Humanos (…) requiere un análisis y requisitos más exigentes en función del bien jurídico afectado».
Así, aunque «valora los avances alcanzados en Chile en materia de justicia por las graves violaciones cometidas en su pasado», ha instado al Estado a «tener en cuenta la gravedad de tales delitos en la concesión de beneficios carcelarios a personas que hayan sido condenadas por ellos».
«La obligación internacional de sancionar a los responsables de crímenes de tal gravedad se puede volver ilusoria debido a la aplicación de beneficios carcelarios que reproducirían una impresión de impunidad», ha advertido.
En cambio, ha celebrado la promulgación de la Ley de Indulto General Conmutativo, que permitirá poner a los presos más vulnerables en arresto domiciliario, excluyendo a los condenados por graves violaciones de los Derechos Humanos, cuyo objetivo es «descongestionar las cárceles del país ante la pandemia del Covid-19».
La iniciativa en el Senado es fruto del malestar en Chile Vamos, la coalición gobernante, por la decisión del presidente del país, Sebastián Piñera, de excluir a los ex represores de este indulto general por el coronavirus.
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