Diputados opositores han presentado este viernes una acusación constitucional contra el ministro del Interior chileno, Víctor Pérez, por la gestión de las protestas y la brutalidad policial registrada en el marco del denominado «estallido social» que se produzco en el país en 2019.
En una misiva, trece diputados chilenos han pedido que el ministro rinda cuentas ante el Congreso por la actuación de las fuerzas de seguridad, especialmente durante el último paro nacional convocado por los transportistas y camioneros.
La diputada del Frente Amplio Camila Rojas ha explicado que la acusación constitucional contra el ministro tiene como objetivo «acabar con la impunidad». Así, ha destacado la «unidad» mostrada por la oposición al presentar el documento en cuestión.
En este sentido, ha recalcado la importancia de analizar «en primer lugar, el control del orden público y las medidas que se han tomado o no es ese sentido y, en segundo lugar, la igualdad ante la ley».
De avanzar la acusación contra el ministro Pérez, esto supondría su destitución y posiblemente su inhabilitación para ocupar cargos públicos durante varios años, según informaciones del diario ‘La Tercera’. Para ello es necesario contar con más de dos tercios de los votos de los diputados.
Tanto el Gobierno como los partidos más conservadores han rechazado la decisión de los diputados opositores. El portavoz del Gobierno, Jaime Bellolio, ha aseverado que esta «carece de todo fundamento» y que está «políticamente motivada».
Las protestas en Chile estallaron el 17 de octubre contra la cuarta subida del precio del metro en pocos meses y crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva Constitución.
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