El ministro de Presidencia de Costa Rica, Víctor Morales, ha presentado este miércoles su dimisión tras verse salpicado por las investigaciones abiertas por la Fiscalía por el presunto espionaje de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), un organismo puesto en marcha en octubre para recabar datos de los costarricenses y mejorar el proceso de toma de decisiones del Gobierno.
Morales figura entre los investigados, junto al presidente, Carlos Alvarado Quesada, y otros altos cargos y asesores. La Fiscalía costarricense examina delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricación por una unidad que, según los primeros indicios, recopiló y analizó datos «sin ningún respaldo legal».
El ministro saliente ha alegado en un comunicado que ya ha dado «explicaciones» y que brindará «la colaboración necesaria» a la comisión de investigación abierta en la Asamblea Legislativa, donde se ha presentado una moción de censura en su contra.
«El trámite de esa moción de censura y su votación en el plenario legislativo, cualquiera que sea el resultado, implica un irremediable deterioro de mi legitimidad como conductor del diálogo del Poder Ejecutivo con los miembros del Poder Legislativo», ha explicado Morales en su carta de dimisión al presidente, difundida en Twitter.
Así, atendiendo a la «realidad política», el ministro de Presidencia ha asumido que su continuidad lastrará «la ruta trazada» por el Gobierno para «mejorar la calidad de vida de tosos los y las costarricenses». Esta ruta, ha añadido, «requiere como condición esencial la confianza entre todos los que intervienen en el proceso legislativo».
ALVARADO ADMITE LAS «DUDAS»
Alvarado ha agradecido en Twitter la labor de Morales, con el que confía en seguir colaborando en la Asamblea Legislativa. «Nuestro compromiso con la construcción de una democracia sólida y un país próspero continúa», ha subrayado el mandatario.
Alvarado ha designado al ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, como nuevo coordinador entre el Gobierno y la Asamblea, en el marco de una comparecencia en la que ha admitido que pueda haber «dudas» sobre la labor del Ejecutivo en estas últimas dudas.
«Es válido en una democracia», ha agregado el presidente, que ha dicho estar «a las órdenes del Ministerio Público» y confía en que los ciudadanos puedan obtener «respuestas claras y contundentes». En este sentido, ha recalcado que existe una separación de poderes en Costa Rica.
El mandatario ha insistido en que la UPAD ya ha interrumpido su trabajo, aunque ha defendido que la recogida y análisis de datos es «clave» para la elaboración de políticas públicas. «Como país, no podemos renunciar a usar herramientas válidas para el análisis de datos porque eso es bueno para la gente», ha aseverado.
En este sentido, el presidente costarricense ha señalado que no se pretende violar la intimidad ni la privacidad y que el bien común está por encima de otros «intereses», teniendo en cuenta que, al margen de cualquier posible escándalo, es necesario «medir las cosas en su justa y cabal dimensión».
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