El problema no es nuevo, y sus consecuencias son dramáticas: la investigación «Desigualdades que enferman y matan» advertía desde diciembre de 2018 que la esperanza de vida de la población indígena es de 37 años, 31 años menos que la media en el resto de los paraguayos.
«En Paraguay lo que está demostrado es que existe fundamentalmente una diferencia en los patrones que definen la enfermedad y muerte para las distintas poblaciones. La vida, enfermedad y muerte no significa la misma cosa para unas personas o para otras. Esto está remarcado para la población indígena», dijo a esta agencia la coordinadora de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, Mariluz Martin.
En la misma sintonía, el secretario de la Organización Nacional de Aborígenes Independientes, Amado Portillo Benítez, comentó a Sputnik que el acceso a medicamentos y al sistema de salud en Paraguay es «complicado».
«He estado recorriendo el Chaco (noroeste), monitoreando la situación de los pueblos indígenas. La realidad es muy triste. Los pueblos indígenas están excluidos, no hay medicamentos. Hay comunidades que sufren sin tener posibilidades de acceder a un medicamento gratuito. Es una miseria», afirmó.
A su vez, el estudio «Mortalidad en Paraguay en 2019: Una mirada a la población indígena», realizado por la Dirección de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles, advierte que las causas de muerte en los pueblos originarios son diferentes que las que ocurren en el promedio general de la población.
«En la población general, las principales causas de muerte se dan por enfermedades crónicas no transmisibles (…) llegan al 50 por ciento mientras que, en la población indígena suman casi el 20 por ciento lo que sugiere una importante prevalencia de las enfermedades infecciosas y relacionadas con la pobreza en esta población de por sí, vulnerable», refiere el texto.
LARGAS DISTANCIAS
En sus recorridos por el Chaco, Portillo Benítez conoció que, cuando un integrante de un pueblo originario se enferma, tienen que caminar unos 20 kilómetros para encontrar un vehículo que los acerque a un puesto de salud.
«Estamos hablando de una comunidad con más de 80 familias. Están alejados 150 kilómetros del centro hospitalario. Ni siquiera tienen relación con los médicos. Cuando van a un hospital, lo único que hacen es recetarle medicamentos, en el mejor de los casos, y ni hablar de acceder a una cirugía, que también la tienen que pagar», explica.
Según le relataron en su monitoreo, cuando una persona se encuentra en estado de gravedad se muere, pues no tiene posibilidad de acceder a un medicamento.
Por su parte, Martin dijo que existen problemas de comunicación, ya que en Paraguay hay 19 etnias de pueblos indígenas y cinco comunidades lingüísticas distintas.
«No en todos los hospitales tienen gente que habla guaraní. Ni siquiera el guaraní, a pesar de ser la segunda lengua en Paraguay, está en los hospitales. Muchas veces no se les explica en su idioma y a veces ni siquiera se les dice algo porque hay un maltrato», explica Martin a esta agencia.
La funcionaria puso como ejemplo el caso de una familia indígena, en la cual una mujer se cayó de una moto, se fracturó una pierna y necesitó un tratamiento con titanio.
«Cuando le hicimos la entrevista, llevaba dos meses esperando que se pudiera atender. Cuando hablamos con el marido, dijo que la norma establecida es que los pueblos indígenas hay que hacerlos sufrir cuando llegan al sistema sanitario», relató.
Explicó que las poblaciones indígenas que están en sus tierras ancestrales tienen que recorrer largas distancias, pues los recursos sanitarios están centralizados en Asunción y en Central.
«Más de la mitad de los médicos están en esos lugares. Hay una mala distribución. Cualquier indígena que quiere ser atendido, tiene un gasto inmenso para trasladarse y mantenerse en la ciudad. Y generalmente los pueblos indígenas no tienen dinero para ello. Cuando llegan a los hospitales, ya tienen estadios de la enfermedad muy avanzada. La detección es tardía. La probabilidad de supervivencia ante una enfermedad es mucho menor que el resto de la población», agregó.
Martin consideró que los indígenas «no pueden elegir su estilo de vida porque está determinada por su exclusión».
Otras investigaciones alertan sobre el problema geográfico: el reporte «Salud para los pueblos indígenas, ¿cómo acortar distancias?», realizado por Francisco Ochoa, experto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que muchos de estos pacientes recorren 80 kilómetros «de tierra en mal estado para acceder a una consulta prenatal o a un control rutinario de diabetes».
Ochoa señaló que el Gran Chaco «es históricamente la región más relegada en términos de oferta de servicios de salud», a pesar de que tiene la mayor cantidad de población indígena de Paraguay, con aproximadamente 54.000 personas, casi la mitad del total nacional.
Indicó que en Boquerón la mortalidad materna «cuadruplica» el promedio nacional: 299 versus 67,6 por cada 100.000 nacidos vivos, respectivamente; asimismo, la incidencia de tuberculosis triplica a la del resto del país (123,5 versus 43,3, ambos por 100.000 habitantes, respectivamente).
A su vez, la pandemia de covid-19 impactó «severamente» a las comunidades indígenas con una tasa de letalidad tres veces superior a la media nacional (12,5 por ciento versus 3,5 por ciento).
OTROS FACTORES
Martin dijo que uno de los aspectos que influye en un mayor nivel de mortalidad es el hecho de que la población indígena tiene vulnerado su derecho de acceso a tierras ancestrales y ha sufrido «desalojos violentos».
Datos oficiales indican que en Paraguay viven 122.000 personas indígenas, pertenecientes a 19 pueblos repartidos en más de 600 comunidades, el 66,2 por ciento de los cuales viven en la pobreza y el 34,4 en la extrema pobreza, debido a la exclusión de las políticas públicas y la apropiación de sus tierras y recursos por parte de grupos agroexportadores.
Esta situación hace que los indígenas sean más propensos a «enfermedades más virulentas», al tener organismos debilitados por falta de buena alimentación y acceso a agua potable, indicó.
Según el censo de 2012, el más reciente realizado en Paraguay, solo el 2,5 por ciento de los indígenas tiene acceso a agua potable, el resto es tajamar o río.
«Gran parte de las enfermedades infecciosas está relacionadas al saneamiento y acceso a agua potable. Las infecciones son enfermedades de la pobreza. La población indígena se enfrenta además a subalimentación y malnutrición. Al no tener acceso a tierras, no pueden producir ni alimentarse con sus propias pautas culturales. Comen lo que tienen acceso, que es lo más barato, alimentos ultra procesados», agregó.
Se calcula que 37 por ciento de las tierras ancestrales indígenas en Paraguay está en manos de terceros.
INEQUIDAD TERRITORIAL
El director del Instituto Nacional del Cáncer, Julio Rolón, dijo a la Agencia Sputnik que no existe una discriminación según género o clase social, sino que hay una «inequidad territorial» en el sistema sanitario del país.
«Hay una discriminación territorial (…) Yo no diría que en Paraguay exista una diferenciación en la obtención a los servicios médicos en relación con el género o la clase, porque nuestro modelo de salud pública es de acceso universal y sin aranceles para el paciente, pero el problema está en la posibilidad de acceder a los medicamentos», afirmó.
El también exviceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud advirtió que el sistema de salud de Paraguay puede sufrir un colapso a corto plazo si no se aumenta su financiamiento, por lo que es necesario que el próximo Gobierno, liderado por Santiago Peña, analice la situación.
Rolón, quien además es gastroenterólogo pediatra, explicó a esta agencia que lo que se destina cada año como presupuesto en salud es aproximadamente 1.150 millones de dólares cuando se necesita como mínimo 3.000 millones de dólares
