El grupo responde a la denuncia presentada en nombre de una comunidad indígena ava guaraní en el distrito de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú. La comunidad Campo Agua’ vive en una zona rodeada de grandes empresas que fumigan para producir soja y utilizan agroquímicos prohibidos, lo que ha terminado por matar a los animales, y afectar a los cultivos y otros recursos de subsistencia.
La comunidad inició procesos administrativos y judiciales que no surtieron efecto alguno en Paraguay. Más de doce años después, «las investigaciones no han avanzado significativamente, sin que el Estado parte haya ofrecido explicación para justificar dicho retraso», ha advertido el Comité.
Los expertos consideran que el Estado tampoco ha vigilado de forma adecuada la fumigación ni la ha prevenido, lo que derivó en prácticas nocivas prolongadas durante «muchos años», «destruyendo elementos constitutivos de la vida privada, familiar y domicilio de la comunidad indígena afectada».
El Comité ha exhortado a Paraguay a seguir con los procesos penales y administrativos contra los responsables de la contaminación, reparar a las víctimas y adoptar medidas que permitan que este tipo de abusos se repitan en el futuro, según un comunicado.
Una de las integrantes de este grupo, Hélène Tigroudja, ha hecho hincapié en que «para los pueblos indígenas, sus tierras representan su hogar, cultura y comunidad». Por este motivo, «los graves daños ambientales tienen impactos en la vida familiar, la tradición y la identidad de los pueblos indígenas, e incluso conducen a la desaparición de su comunidad»; en definitiva, «daña drásticamente la supervivencia cultural del grupo en su conjunto».
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