Una manifestación contra el presidente haitiano Jovenel Moise en Puerto Príncipe. - RICHARD TSONG-TAATARII / ZUMA PRESS / CONTACTOFOTO
La nueva Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) para estabilizar Haití comenzó sus operaciones el miércoles, luego de recibir luz verde en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas el 30 de septiembre.
El nuevo grupo viene a sustituir a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, una fuerza de 970 efectivos cuyo mandato finalizó el 2 de octubre sin logros para resolver la crisis de violencia que ha desplazado a 1,4 millones de personas.
La GSF estará más armada y preparada para combatir las pandillas: contará con 5.500 policías y militares (aportados voluntariamente por varios países), podrá actuar de forma autónoma y tiene la autoridad para detener a sospechosos «de acuerdo a la ley internacional y los estándares de derechos humanos», informó la fuerza en su cuenta de la red social X.
La GSF tiene el respaldo del gobierno provisional de Haití, pero algunas organizaciones políticas y de la sociedad civil la miran con suma desconfianza.
El coordinador del Comité Democrático Haitiano (CDH), Henry Boisrolin, dijo a la Agencia Sputnik que el despliegue de la GSF puede terminar en una «masacre».
En agosto, Viv Ansanm, la principal coalición de pandillas haitianas, anunció un repliegue táctico, e instó a la población desplazada a volver a sus barrios, recuerda Boisrolin.
El anuncio fue recibido con escepticismo por varias organizaciones de derechos humanos, que alteraron a la población sobre los peligros latentes de volver a sus hogares, donde pueden ser utilizados como escudos humanos.
En ese contexto, si la GSF se mete en los barrios y las pandillas siguen presentes, la gente va a ser «carne de cañón» y va a haber un «derramamiento de sangre mayor», dice el coordinador del CDH, una organización que denuncia la situación de Haití en el exterior y milita en pos de una salida soberana a la crisis
«Los efectivos extranjeros de la GSF van a llegar a un país donde no hablan el idioma. No conocen absolutamente nada de la cultura, de los barrios haitianos. Va a ser una masacre», alertó Boisrolin, quien también se mostró preocupado por un posible aumento de las desapariciones forzadas.
Para el activista, el despliegue de la GSF es un nuevo ejemplo de «neocolonialismo» sobre el país isleño.
«Esta fuerza viene con una autonomía tremenda. No hace falta que consulten a las autoridades haitianas para actuar, detener, atacar, hacer lo que ellos quieran. Es una muestra más de neocolonialismo sobre Haití y una violación a nuestra soberanía aprobado por un gobierno de transición no electo y repudiado por el 90 por ciento de la población», señala Boisrolin.
El activista entiende que la GSF sigue las experiencias fracasadas de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que operó de 2004 a 2017 y terminó su misión en medio de graves denuncias de violaciones a los derechos humanos, y la MSS que se instaló en 2024 y se está retirando sin logros.
El coordinador del CDH recordó que esta fuerza sólo llegó a tener 1.000 efectivos de los 2.500 anunciados inicialmente.
Además, la MSS recibió contribuciones voluntarias de países por 150 millones de dólares, cuando su costo operativo anual se previó en 600 millones.
Boisrolin aseguró además que Kenia, que aportó la mayoría de los efectivos, envió blindados usados que no funcionaban y ponían en riesgo la vida de sus funcionarios.
En vista de esos antecedentes, el activista valoró positivamente la postura de Rusia, China y Pakistán, que se abstuvieron de aprobar la creación de la GSF en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una propuesta impulsada por EEUU y Panamá.
En su intervención, el representante de Rusia, Vasili Nebenzia, justificó la abstención de su país asegurando que sin haber evaluado a la MSS, se le presentó al Consejo de Seguridad «una nueva idea para crear una misión independiente de cualquier supervisión nacional o internacional, con un mandato virtualmente irrestricto para usar la fuerza contra cualquiera que haya sido etiquetado bajo el vago término de «pandillero».
Boisrolin dijo que hubiera preferido que Rusia y China vetaran la creación de la GSF en vez de abstenerse y consideró que no lo hicieron para no aparecer ante la comunidad internacional como dos países que «obstaculizaron» una posible solución para la crisis en Haití.
De todas formas, consideró «atendibles» los argumentos de Rusia.
«Este tipo de solución fracasó, y ahora quieren reiterar lo mismo», opinó Boisrolin.
El coordinador del CDH entiende que atacar la inseguridad en Haití desde un enfoque militar es equivocado porque el país isleño enfrenta ante todo un «problema político», en el que dirigentes corruptos armaron a las pandillas y terminaron formando el Consejo Presidencial de Transición.
Boisrolin también consideró inefectivo que EEUU haya declarado como organizaciones terroristas a las pandillas Viv Ansanm y Gran Gif.
De igual manera, criticó la detención en EEUU de los empresarios haitianos, Pierre Reginald Boulos y Dimitri Vorbe, acusados de colaborar con las pandillas.
El activista consideró que Washington no puede decidir en lugar de Haití a quién detener y a quién no.
«Pero además, ¿por qué arrestan a unos y no a otros como Michel Martelly?», se preguntó Boisrolin respecto al exmandatario (2011-2016), que vive en Miami pese haber sido sancionado por el Departamento de Estado de EEUU por tráfico de drogas y lavado de activos.
A juicio del activista, EEUU quiere «engañar a la gente intentando demostrar que está haciendo algo», cuando en realidad debería frenar el tráfico de armas y municiones que alimentan a las pandillas en Haití.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) apoyó de forma unánime la propuesta de EEUU y Panamá de crear la GSF, pero al mismo tiempo el secretario general del bloque, Albert Ramdin, está impulsando una hoja de ruta para diseñar una nueva gobernanza, aprobar una nueva constitución, llamar a elecciones y empezar a reconstruir la economía del país isleño.
Boisrolin aseguró que no le sorprendió el apoyo de la OEA a la GSF debido a la influencia que EEUU tiene en el bloque y manifestó serios reparos al plan de reconstrucción de Ramdin.
Para el coordinador del CDH no están dadas las condiciones para que haya un «ejercicio real» de la democracia en Haití.
«Hay un millón cuatrocientos mil personas que viven en plazas públicas, en escuelas, en las calles, bajo carpas. Y de repente, dentro de tres o cuatro meses ¿va a haber una elección? Es una burla», consideró Boisrolin.
El activista se preguntó qué candidato va a ser campaña en un territorio controlado por una pandilla como Viv Ansanm que, según asegura, quiere transformarse en un partido político y participar de los comicios.
Además Boisrolin entiende que ni Ramdin, ni el secretario de Estado (canciller) de EEUU, Marco Rubio, o el secretario general de la ONU, António Guterres, deben decidir cuándo los haitianos tienen que ir a votar.
El coordinador del CDH entiende que la solución a la crisis que Haití enfrenta hace décadas debe provenir del propio país.
De todos modos, admitió que eso es hoy un desafío incierto, en la medida que el movimiento popular y político que se creó en 2021 (en el denominado Acuerdo del Hotel Montana) para encontrar una «solución haitiana» a la crisis, se «descompuso» cuando alguno de sus líderes pasaron a integrar el gobierno de transición que está en el poder.
«Aquel movimiento fracasó» admitió Boisrolin, quien entiende que campesinos y sindicatos deben volver a reunirse para analizar la coyuntura y discutir cuál es la mejor vía para superar la crisis, sin descartar ningún medio para alcanzar el poder.
En ese contexto Boisrolin entiende que la cooperación internacional debe «entender y acompañar las resoluciones de las organizaciones populares haitianas».
«Se ha impuesto una narrativa de que Haití está muerto de hambre y no puede hacer nada por sí solo. Pero no necesitamos caridad ni que nos dicten nada. Tenemos que tener nuestra agenda y hoja de ruta propia», valoró el activista.
El 7 de febrero de 2026 finaliza el mandato del Consejo Presidencial de Transición que asumió en Haití en abril de 2024, en medio de una crisis de gobernanza y el incremento de la violencia de las pandillas.
Boisrolin entiende que en este contexto es muy difícil aventurar quién asumirá el poder después de esa fecha si antes no hay una elección cuya organización es extremadamente improbable en tres meses.
De todos modos, entiende que un escenario posible es que el gobierno de transición busque extender su mandato bajo la promesa de que habrá elecciones en 2026 y utilice a la GSF para reprimir cualquier manifestación en contra de esa solución.
La crisis política y económica que se arrastra hace décadas en Haití, se agravó en 2021 con el asesinato del presidente Jovenel Möise, cuyo magnicidio sigue en investigación.
Tras el homicidio asumió el entonces primer ministro, Ariel Henry, pero su falta de legitimidad e impopularidad llevaron a que fuera sustituido por un Consejo Presidencial de Transición que asumió en 2024 y solo tiene tres meses más de mandato.
El vacío de poder fue aprovechado por pandillas criminales que, en alianza con políticos empresarios, lograron controlar el 90 por ciento de la capital, Puerto Príncipe.
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