Retratos de los desaparecidos en México - -/El Universal via ZUMA Wire/dpa
México encara por primera vez un escrutinio del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un tema que el Gobierno parece subestimar, a juzgar por la ausencia de datos en reportes oficiales y exigencias de confidencialidad.
Así lo denuncia en diálogo con la Agencia Sputnik la activista Diana Iris García, madre de una víctima de desaparición desde hace 18 años y fundadora del Colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, quien testificó a principios de octubre en la sede de la CED, en la ciudad suiza de Ginebra.
«Lamentamos que el tema de las desapariciones no sea parte de los informes mensuales y anuales del Gabinete de Seguridad (de México), que se enfocan en el descenso de los homicidios, un 34 por ciento en un año, mientras aumentan las personas desaparecidas, comparado con el Gobierno anterior», dijo García a esta agencia.
El inédito proceso internacional abierto sobre México se basa en el artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, a partir de la presunción de que ese delito se comete «de manera generalizada y sistemática» desde hace varios años, como señaló el pasado 4 de abril el presidente del CED, Olivier de Frouville.
«La sorpresa más grande que nos llevamos fue en una cita privada del Comité con nuestra comisión, a principios de octubre, cuando preguntamos por el informe que rindió el Estado mexicano el 18 de septiembre pasado: nos enteramos de que no podíamos conocerlo, porque pidieron que fuera confidencial», afirma la entrevistada.
Las familias de las víctimas y organizaciones que acompañan ese proceso consideran que el procedimiento abierto por la CED es una oportunidad para favorecer la cooperación con México y salir de esta crisis prolongada durante varios lustros de aumento de la violencia del crimen organizado.
«Lo que hemos expresado en nuestro testimonio es que la aplicación de este Artículo 34 de la Convención Sobre Desaparición Forzada no debería ser visto como un juicio o un ataque contra Gobierno alguno, sino como una oportunidad extraordinaria ante un contexto adverso extremo», prosigue la también representante de madres.
La decisión del CED se basó en la cantidad de personas desaparecidas oficialmente reportadas, que son 133.000 de enero de 2006 a septiembre de 2025.
«Lamentamos como familias de víctimas que el Gobierno no haya retomado este tema con un poco de humildad, porque lo tomó de forma agresiva, como si fuera en contra del Estado mexicano», expresa García.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en los primeros 11 meses del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se reportaron 13.520 víctimas, mientras que en el primer año del anterior sexenio, gobernado por Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) fue de 8.665 casos, un aumento de casi 60 por ciento.
«Los hechos se han agravado: pasaron de 25 desapariciones diarias durante la visita del CED, en noviembre de 2021, realizada ocho años después de haberla solicitado, a 40 desapariciones al día actuales, es la cifra del horror que tenemos», señala la activista.
Comparado con el último año de López Obrador, el número de personas desaparecidas aumentó 16 por ciento con respecto a 2024, a un total de 14.765 en un año de Sheinbaum en el cargo, refiere la Comisión Nacional de Búsqueda.
«Esta tragedia ocurre en un país donde no se reconoce un conflicto armado ni la grave crisis de desaparición de personas, que también incluye una grave negligencia forense, con 72.000 cuerpos acumulados sin instalaciones apropiadas», denuncia García.
Los informes mensuales del Gabinete de Seguridad, integrado por autoridades civiles y mandos militares, no incluyen el tema, y la presidenta Sheinbaum no se refirió a los desaparecidos en la presentación de su primer informe anual de labores, el 1 de octubre pasado.
En cambio, el balance anual de víctimas detalla que una disminución sostenida en los homicidios dolosos, que en septiembre representó una reducción de 32 por ciento en el promedio de este delito. No obstante, en México cada día son asesinadas 60 personas, pero otras 40 desaparecen.
Para el periodo de enero-septiembre de 2025, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró un total de 18.407 víctimas de homicidio doloso.
Un balance anual de acciones contra la delincuencia arroja la detención de 34.000 presuntos criminales de «alto impacto», la confiscación de 283 toneladas de drogas y el decomiso de un arsenal de 17.200 armas de fuego.
En la sesión celebrada en Ginebra el pasado 2 de octubre, representantes del católico Centro para Derechos Humanos Fray Juan de Larios y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos escucharon la exposición de representantes del Estado mexicano, sin conocer el informe el 18 de septiembre.
«Solicitamos al CED, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional tomar este caso como una última oportunidad de justicia ante un Estado que reconozca humildemente la cantidad de personas desaparecidas, y opte por emprender acciones efectivas para enfrentar la crisis», relató la entrevistada.
El colectivo de madres y defensoras de derechos humanos solicitó el apoyo internacional, bajo un escrutinio que se elevaría ante la Asamblea General de la ONU.
«México es un país que cuida mucho su imagen internacional, invierte mucho en proyectarse ante la comunidad internacional como un campeón de los derechos humanos, que aporta sus contribuciones muy amigables con otros países», reseña la activista.
En la comparecencia pública, los representantes del Estado mexicano sostuvieron que el país latinoamericano siempre ha colaborado con la ONU y que ha retomado las recomendaciones emitidas.
«Es el otro lado de la moneda de lo que pasa en nuestro país, por eso estaba tan enojada la representación del Estado mexicano, que fue a Ginebra con funcionarios de Relaciones Exteriores», afirma Iris García.
Las tres peticiones presentadas por la delegación de las víctimas fueron: impulsar la verdad y la justicia, mejorando sustantivamente las investigaciones; realizar búsquedas, registros y la identificación de cuerpos de una manera profesional y suficiente; y cumplir con garantías de prevención y de no repetición.
«Las familias de las víctimas creemos que es una oportunidad de exigir al Estado mexicano que de un pequeño paso más hacia mejores condiciones y medidas contra la desaparición de personas, porque lo que ha hecho hasta ahora no ha dado resultado y la impunidad es casi absoluta», sentencia la representante.
El hijo de Diana Iris García, Daniel Cantú Iris, tenía 23 años de edad cuando desapareció, seis meses después de haber terminado su carrera de Ingeniería Industrial, junto con el empresario de una mina de mármol donde hacía su primer trabajo, y un primo del contratista, pero a 18 años, el caso no ha sido elevado a los tribunales.
«Las autoridades no quieren reconocer que se están incrementando las células del crimen organizado y se permiten casos muy visibles, que no necesitamos juzgar mucho para saber quién lo hace y quién lo permite, como el caso de mi hijo», prosigue el testimonio
Esa desaparición colectiva no se ha catalogado como desaparición forzada, que es un delito que no prescribe, porque todos los días es como si se estuviera cometiendo.
«Están esperando que los familiares muramos y las carpetas de investigación se cierren cuando ya no quede nadie que le dé seguimiento y de esa manera se vayan eliminando los desaparecidos», lamenta.
Afirma que ni en los últimos años de la administración del expresidente López Obrador, ni ahora con Sheinbaum, el tema de los desaparecidos ha sido una prioridad.
«Nunca nos ha querido recibir la presidenta», asegura.
La esperanza final es que el CED lleve el caso a la asamblea general que la ONU celebra cada año en Nueva York.
«Aunque se demoren un poco, porque no hay respuesta en este país, tenemos que voltear la mirada hacia una instancia internacional, aunque sea un proceso lento, pero no podemos dejar de hacerlo por nuestros desaparecidos», puntualiza.
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