En una búsqueda mental rápida, ubico dos campos de la Economía que nos sirven a sustentar conceptual y teóricamente la propuesta de un manejo socialmente concertado de la problemática económica y general venezolana por varios de los distintos sectores afectados. En una búsqueda mental rápida, ubico dos campos de la Economía que nos sirven a sustentar conceptual y teóricamente la propuesta de un manejo socialmente concertado de la problemática económica y general venezolana por varios de los distintos sectores afectados.
Uno es la Economía Constitucional, del Nobel James Buchanan, en la línea de la Teoría de la Elección Pública (Public Choice); el otro, un enfoque pragmático de la política económica, de origen también anglosajón: la llamada política de rentas (incomes policy), en lo relativo al diálogo social.
Los refiero por el interés en manejar, en la situación venezolana actual, algunas formas y figuras que se basen en la procura de acuerdos entre diversos componentes de su tejido social, de modo de procurar –tendrá que ser de manera progresiva- el necesario espíritu de cuerpo, ausente en el polarizado manejo actual.
La idea de origen es muy pragmática: si no hay y se estima difícil instrumentar para el país los canales institucionales formales que se basan en la práctica del consenso, pues habrá que procurarlos en el plano voluntarista del acuerdo entre sectores interesados. Ya los explicaremos con mayor detalle.
Es cierto que aún en ese plano voluntario, la idea enfrenta una de las principales limitaciones de la sociedad venezolana de estos tiempos: su debilidad frente al tema organizativo, derivada de la distorsión carismática o caudillista imperante en la política y la vida ciudadana.
Lo que estamos proponiendo es algo muy concreto: trabajar en la línea de una figura cuatri o pentapartita –ejemplo: políticos, trabajadores, empresarios y ciudadanos- que puedan emular una organización más inclusiva, con la finalidad de asumir el análisis y el planteamiento de propuestas diversas a las situaciones enfrentadas en la crítica situación nacional.
Tan sencillo como que los cuatro o cinco sectores se organizan para actuar fijando posiciones y proponiendo soluciones a los problemas nacionales. Y sirviendo de contraparte al excluyente manejo oficial y su proyecto destructivo.
La Economía Constitucional nos ayuda en tanto valora los consensos, reconoce el valor no solo de las decisiones, sino de las reglas o normas que las permiten y pone a disposición diversos criterios de garantía de la efectividad de ambas. Decisiones consensuales y reglas para la obtención y efectividad práctica de los consensos son, sin duda, invalorables aportes.
Por su lado, el diálogo o concertación social es un instrumento reconocido de política económica, no solo en los casos en que hay limitaciones en los instrumentos convencionales de las políticas fiscal y monetaria, sino que permiten a esas mismas políticas un mucho más propicio concierto social, útil a fines económicos y políticos diversos.
No albergo ninguna duda –lo he planteado en mis artículos sobre Economía Transicional- sobre la relevancia de los consensos y las normas sobre las cuales se suscitan. Tampoco, sobre lo imperativo de un mejoramiento organizativo –lo digo en el sentido más amplio posible- de la sociedad venezolana. Pero, resulta iluso aspirar a que ello suceda formal o institucionalmente en el contexto político actual.
Pero sí resulta posible que los propios sectores mencionados y otros –profesionales, por ejemplo- asuman una iniciativa –ya dijimos que progresiva- de organizarse concertadamente para acordarse sobre los más perentorios problemas de los venezolanos, a la vez que se madura la práctica necesaria a un gran acuerdo nacional.
Una cuatri o pentapartita no oficial puede, con plena validez, asumir, por ejemplo, el problema del gravísimo deterioro de la calidad y el nivel de vida de los venezolanos. No albergo dudas de que los aportes de los cuatro o cinco sectores mencionados, por sus conocimientos específicos y su representatividad, pueden colocar en la agenda política nacional un mucho mejor diagnóstico y una panoplia de soluciones más efectivas que lo que hasta ahora ha podido el excluyente manejo oficial.
En adición, el valor de representatividad de una figura como la propuesta permite a la sociedad venezolana, agobiada por el proyecto político oficial, disponer de un foro en el cual pueda lograrse un polo de opinión que alimente la agenda política y permita el contraste de posiciones.
A fin de cuentas, no le hace mal a Venezuela un “consenso alterno” o “de sombra” que sea no solo la otra versión de las cosas, sino la prefiguración de los acuerdos que permitan una conducción nacional más alineada con los criterios de sus diversos segmentos sociales. Sería un buen aporte a la unidad nacional necesaria.
* Santiago José Guevara García
(Valencia, Venezuela)
[email protected] / @SJGuevaraG1
