«Hay 15.000 (contratos) que van a proceder (a ser dados de) baja el 31 de marzo», informó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
El Ejecutivo que preside Javier Milei, que revisa en la actualidad unos 70.000 contratos, advirtió que en estos 15.000 que se darán de baja no están incluidos los que puedan rescindirse en las empresas públicas y en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido como PAMI.
Sobre el resto de los contratos, «la medida que se va a tomar en principio, es renovarlos por otros seis meses y seguir avanzando en el análisis de cada uno», puntualizó Adorni, quien en otro momento de la rueda de prensa señaló que tendrían una vigencia de «un trimestre adicional».
El líder de la coalición La Libertad Avanza (ultraderecha) aseguró en la víspera que hasta ahora se habían echado «50.000 empleados públicos».
«No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos», sostuvo durante su disertación en el Foro Económico Internacional de las Américas (IEFA, por sus siglas en inglés) Latam Forum.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó a la Agencia Sputnik que las afirmaciones del presidente de la víspera, que asumió el 10 de diciembre en funciones, fueron «mentira».
«Lo que se planteó en diciembre fue revisar todos los contratos de menos de un año: se analizaron 7.000 y solo se pudieron dar de baja 1.000», plantearon desde el sindicato.
ATE, que representa a 350.000 trabajadores de la administración pública nacional, provincial y municipal, ratificó que el 31 de marzo vencen unos 70.000 contratos, y que los que no sean rescindidos, tendrán una prórroga por tres meses más.
