El consejo de la petrolera rechazó ayer por la tarde la propuesta que le hizo llegar YPF para poner fin al conflicto con el Gobierno de Cristina Fernández desatado por la expropiación de de la participación que mantenía la española en la compañía argentina. El consejo de la petrolera rechazó ayer por la tarde la propuesta que le hizo llegar YPF para poner fin al conflicto con el Gobierno de Cristina Fernández desatado por la expropiación de de la participación que mantenía la española en la compañía argentina.
El consejo de administración de Repsol rechazó por unanimidad la primera oferta formal del Gobierno argentino al considerarla “insatisfactoria” y basada en “activos sobrevalorados”. Dicha propuesta contemplaba la creación de una sociedad conjunta entre Repsol, YPF y Pemex para explotar el 6,4 % del yacimiento de Vaca Muerta e implicaba la retirada de todos los litigios judiciales abiertos por la empresa española.
Esta sociedad habría estado participada en un 51 % por YPF; en un 47 % por Repsol y en un 2 % por Pemex, titular del 9,49 % del capital de la petrolera española y la encargada de llevar al Consejo la propuesta.
Además, Repsol recibiría 1.500 millones de dólares (1.147 millones de euros) en capital, que tendría que invertir obligatoriamente en la sociedad conjunta para financiar los proyectos de explotación.
En conjunto y según la valoración realizada por YPF, la oferta ascendería a 5.000 millones de dólares (3.823 millones de euros): 1.500 millones de dólares (1.147 millones de euros) de los bonos y 3.500 millones de dólares (2.676 millones de euros) de la participación en la sociedad.
Estos términos han resultado insuficientes para el Consejo de Repsol, que ha considerado que este importe “no responde en su cuantía a la pérdida sufrida por Repsol”, ya que se basa en “activos sobrevalorados”, es decir, tasados por encima del precio de mercado de operaciones similares. Además, ha estimado que la oferta carece de algunos de los elementos que la petrolera cree imprescindibles, como una compensación monetaria “disponible o realizable” o unas “mínimas garantías jurídicas y económicas”, y porque, además, implica “obligadas y cuantiosas inversiones”.
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