El actual Gobierno argentino se ha topado ya con varias movilizaciones laborales y sociales, pero el titular de Justicia cree que es necesario «protestar sin dañar al prójimo». Afirma, en una entrevista a Europa Press con motivo de su visita a Madrid, que él mismo ha sido «víctima» de quienes buscan «entorpecer el trabajo, la circulación» durante su etapa como abogado.
«Quieres protestar, tienes derecho, pero protesta dentro del marco de la ley», dice, apuntando que cortar la circulación «no es protesta social» sino «delito», en términos similares a los que ha venido utilizando en estos últimos meses Milei, que incluso ha abogado por imputar a manifestantes los gastos del despliegue de seguridad.
El mandatario ha sacado también a colación estos últimos días la cuestión del aborto, describiéndolo como un asesinato agravado por razones de vínculo. Cúneo Libarona señala que es «un tema muy discutido» sobre el que es necesario «un gran debate» y admite, «en lo personal», que «se inclina por la postura de Milei».
Desde su nuevo cometido como ministro, sostiene que «no puede meterse en el ámbito de poder judicial» y se compromete a «no opinar» de lo que ocurra en los tribunales ni orquestar «operaciones políticas de persecución» desde el Gobierno.
El peronismo, ahora en la oposición, ha atribuido a tácticas de ‘lawfare’ imputaciones como las dictadas contra los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner o Alberto Fernández. Un término «muy indefinido» en opinión del ministro, que lo ve también «ofensivo» para la labor de los jueces.
Reconoce que por la calle hay quien le para con el objetivo de plantear «meter preso» a alguien, a lo que responde: «No es mi función». «Si yo meto preso a alguien, termino preso yo, porque no tengo potestad legal para hacerlo. Mi función es otra», declara.
Cúneo Libarona sí considera su «principal función» cuestiones como cubrir el alto número de vacantes de jueces, que alcanza un tercio del total y provoca «un enorme trastorno» en el funcionamiento del sistema, la aplicación en todo el país de un «sistema acusatorio» que permitiría agilizar trámites y salir de un método «inquisitivo, con oscuridades», o la reforma de un Código Penal que se ha quedado «viejo».
Ahora bien, reconoce que ha «heredado por necesidad» otros desafíos, circunscritos al ámbito administrativo y que pasan entre otras cosas por «achicar el Estado», uno de los grandes objetivos que se marcó Javier Milei al asumir la Presidencia.
«Hemos encontrado en todas las áreas un Estado enorme, un Estado ineficiente, un Estado sobrecargado, un Estado político», repasa. Descarta «despidos indiscriminados», pero cree que en el Ministerio sí hay «dependencias que carecen de sentido» y denuncia que sólo con el control biométrico de las entradas se ha detectado «un 20 por ciento de personas que no iban a trabajar».
En este sentido, apuesta por avanzar hacia un Estado «chico, útil y eficiente» y pasar página a una administración que «nombraba amigos para conseguir votos». «Tengo que cuidar la plata (del Ministerio) mejor que la mía y la de mis hijos para poder dársela a los que la necesitan», apostilla.
El ministro, el primero del actual gabinete en visitar España, ha dedicado gran parte de su agenda a reuniones con representantes del ámbito judicial, entre ellos el presidente interino del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, o empresarios. «Lo mío es el poder judicial», esgrime, bajo la premisa de que su área es «distinta a la política».
Reconoce no obstante que inicialmente iba a reunirse con su homólogo español, Félix Bolaños, pero está «con temas difíciles», «sobrecargado». «Quiso cambiar la reunión y yo me tengo que volver a trabajar todos los líos administrativos y judiciales que tengo ya en mi país», explica para justificar esta anulación.
Cúneo Libarona sostiene que «de ninguna manera» se verán lastradas las relaciones bilaterales tras el cambio de Gobierno en Argentina, habida cuenta del «cariño» existente y de que Milei precisamente quiere «abrirse al mundo». Así, no percibe ningún tipo de «obstáculo».
El ministro no ha entrado a valorar las investigaciones abiertas en Argentina por crímenes cometidos durante el franquismo –«no lo tengo estudiado ni me corresponde»–, pero sí ha marcado «límites» a la justicia internacional, planteando por ejemplo que el juez Baltasar Garzón llegó a investigar en la Audiencia Nacional hechos que eran «clara competencia» del país sudamericano.
El «límite» en el caso de la Justicia de Argentina viene establecido por el artículo primero del Código Penal, recuerda, de tal manera que sólo pueden examinarse «los delitos cometidos en el territorio de la nación argentina o cuyos efectos se den en el territorio de la nación argentina».
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