El Grupo Clarín, el principal conglomerado mediático de Argentina, vuelve a sufrir otro revés en su enfrentamiento con el matrimonio Kirchner. Todo parece indicar que Cablevisión, la filial de servicios de banda ancha del Grupo Clarín, tendría que abstenerse de brindar Internet a nuevos clientes. Los ejecutivos de la compañía, que ya vieron como se quedaron sin los derechos televisivos de los partidos de primera división del fútbol argentino, no piensan quedarse de brazos cruzados, y ya han anunciado que demandarán al Gobierno. El Grupo Clarín, el principal conglomerado mediático de Argentina, vuelve a sufrir otro revés en su enfrentamiento con el matrimonio Kirchner. Todo parece indicar que Cablevisión, la filial de servicios de banda ancha del Grupo Clarín, tendría que abstenerse de brindar Internet a nuevos clientes. Los ejecutivos de la compañía, que ya vieron como se quedaron sin los derechos televisivos de los partidos de primera división del fútbol argentino, no piensan quedarse de brazos cruzados, y ya han anunciado que demandarán al Gobierno.
Según informa la prensa local, la semana que viene se conocerá una resolución de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), en la que se expresará formalmente que la compañía deberá “abstenerse” de ofrecer banda ancha a través de las licencias de la extinta Fibertel.
El conflicto radica en que, según la CNC, Cablevisión es distribuidora de TV por cable y no cuenta con licencia para operar en el área de las telecomunicaciones. En la actualidad ofrecen banda ancha con la licencia de Fibertel, pero, según informa la prensa local, esta empresa “está disuelta como persona jurídica” desde el año 2007, cuando fue absorbida por Cablevisión.
Portavoces del Grupo Clarín han asegurado al diario La Nación que “se trata de una medida claramente abusiva y enmarcada en el plan de trabas y hostigamiento administrativo del Gobierno contra Cablevisión. La resolución es violatoria de los derechos de la empresa como continuadora universal de Fibertel”.
La decisión de la CNC se produce en un momento en que el Grupo Clarín y el Gobierno están enfrentados en una férrea disputa por el futuro del sector de los medios de comunicación y ambas partes se acusan mutuamente de corrupción, deshonestidad y abuso de poder.
El año pasado, la presidenta Cristina Fernández promulgó la ley de Servicios Audiovisuales, que ahora se encuentra en tribunales, que reorganiza al sector y obliga a Clarín a vender activos clave.
