El Decreto aprobado por Cristina Fernández para incrementar la participación del Gobierno en las 43 empresas privadas en que tiene acciones no ha sentado nada bien a los empresarios nacionales. La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) han solicitado que la medida sea revisada, puesto que, creen, supone una mayor injerencia estatal en las compañías privadas. El Decreto aprobado por Cristina Fernández para incrementar la participación del Gobierno en las 43 empresas privadas en que tiene acciones no ha sentado nada bien a los empresarios nacionales. La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) han solicitado que la medida sea revisada, puesto que, creen, supone una mayor injerencia estatal en las compañías privadas.
A través del Decreto 441, de necesidad y urgencia, el kirchnerismo ha dado un golpe de efecto y se asegura un aumento en la participación de las empresas en que participa el Gobierno a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), al eliminar el tope del 5% con que hasta ahora estaba restringida su representación.
Ahora, en el nuevo escenario, el Estado podrá tener tanta proporción de representantes como participación mantenga en las compañías, que van desde bancos a empresas de energía o transportes, por lo que su influencia en la toma de decisiones será mayor.
La UIA, a través de un comunicado, se ha opuesto a la medida al solicitar que “se revea la medida adoptada, reiterando que dentro del marco jurídico y de control que todo Estado debe ejercer, la promoción de la actividad empresaria privada es una de las claves del progreso de nuestro país».
La AEA, por su parte, ha señalado con otro comunicado que “es fundamental preservar la conducción empresaria de las empresas privadas, evitando por lo tanto el avance de la participación estatal en dicho ámbito”.
Los empresarios demuestran así su oposición al Decreto, que consideran supone una injerencia del Estado en la iniciativa privada que desincentivará nuevas salidas al mercado de capitales, y su preocupación por la petición de algunos sindicatos de formar parte de los directorios de las empresas. Además, cargan contra el hecho de que se haya promulgado de necesidad y urgencia, ya que consideran que no hay motivo para poner en marcha ese excepcional mecanismo.
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