El sistema elegido por Cristina Fernández de Kirchner para que el Estado argentino vuelva a tomar el control de YPF, empresa que vendió hace trece años a Repsol, ha desencadenado el nerviosismo entre los inversores internacionales con intereses en el país. El sistema elegido por Cristina Fernández de Kirchner para que el Estado argentino vuelva a tomar el control de YPF, empresa que vendió hace trece años a Repsol, ha desencadenado el nerviosismo entre los inversores internacionales con intereses en el país.
La incertidumbre proviene de la fórmula adoptada para realizar el desembarco. Una estrategia que en realidad consiste, según las opiniones recogidas al respecto entre miembros de este colectivo por varias agencias internacionales, en “sacar directamente del capital al socio mayoritario. Sin negociaciones previas ni acuerdos sobre un posible justiprecio”.
Ataque
La inquietud se deriva de lo que se considera, al menos de momento, un ataque en toda regla a la seguridad jurídica necesaria para quienes apuestan a largo plazo por un país. Más aún en el caso de Repsol que se mantuvo en Argentina en los años más complicados para la economía del país y va a perderlo todo, aparentemente, sin que oficialmente nadie le haya explicado las compensaciones que se le darán a cambio.
Y lo que es peor. No habrá un árbitro internacional para dirimir las diferencias. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha fijado unilateralmente que sea un organismo oficial del propio país quien fije la cuantía de las indemnizaciones.
Nada que ver con lo que se esperaba en estos ambientes cuando se inició esta batalla. Entonces se daba por seguro que Argentina compraría en el mercado una participación suficiente para entrar en el consejo de YPF y plantear desde allí a los directivos de Repsol los posibles desacuerdos que hubiera sobre la gestión.
OPA
Claro que si el Gobierno argentino hubiese optado por esta opción, sin duda más limpia y legitima para la mayoría de los observadores, habría tenido que lanzar una OPA por el 100% de la compañía en cuanto se superase el 14,9% del capital.
Eso hubiera costado dinero, un dinero que quizá no posee ahora el Estado Argentino. De modo que en lugar de hacerlo así, el Gobierno del país austral remitirá al Parlamento una norma en la que declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación” el 51% del capital de YPF, según el texto del nuevo reglamento, leído por la presidenta en la televisión pública del país.
En el título tres de la nueva norma alude a la “recuperación del control de YPF” y a la “expropiación” de la empresa, participada en la actualidad en un 57,43% por Repsol. “A efectos de garantizar el cumplimiento de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF”, asegura la norma que también prevé que el 51% del total de las acciones expropiadas quede bajo el control del estado y el 49% restante de las provincias.
Esta normativa, permitiría nacionalizar una participación de control en el capital de YPF, realizando un ‘prorrateo’ que afectase a todos los accionistas. Que hiciera perder participación, por ejemplo, al grupo argentino Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, que tiene el 25,46%. Y también a los fondos de inversión estadounidenses que poseen títulos por un valor estimado de 4.000 millones de dólares. Sin embargo, según ha manifestado hoy la presidenta de Argentina sólo se tomarán títulos de la petrolera española. El resto de los accionistas queda fuera de la línea de fuego.
Motivos
Los motivos que alega Cristina Fernández para penalizar a la petrolera española son que bajo la gestión de Repsol, el 80% del petróleo argentino, estaba destinado a elaborar productos Premium de gran rentabilidad, como combustible para aviones, y no para asegurar el suministro energético del país propietario de estos recursos. Por eso, según la viuda de Kirchner Argentina ha tenido que importar combustible para el consumo interno.
La filial de Repsol ha estado sometida durante las últimas semanas a una fuerte presión del Gobierno argentino para aumentar su producción en un momento en el que el país debe importar cada vez más hidrocarburos para cubrir su demanda, algo que ha drenado su superávit comercial.
Una foto de Evita
“YPF vuelve a ser de todos”. Con estas palabras ha resumido la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la decisión adoptada por su Gobierno. Y lo ha hecho arropada por una foto de Evita Perón. El gran símbolo político del país. Además, para que sea cierto que la petrolera del pueblo vuelve al pueblo, la viuda de Néstor Kirchner asegura que será el Parlamento quien finalmente apruebe la operación. Y con una mayoría de dos tercios.
Sin embargo, la mandataria no ha esperado a que esta votación se produzca para iniciar las hostilidades. Casi en paralelo con su discurso en directo, un grupo de funcionarios del Gobierno argentino llegaba a la sede de la petrolera para notificar la expropiación e iniciar el desalojo de los directivos de YPF.
Fernández ha insistido en que la “empresa no iba a ser nacionalizada”. Y ha argumentado estas palabras, precisamente, con la peculiar fórmula adoptada para que el Estado argentino vuelva a tomar el control de la compañía de la que hablábamos antes.
También ha dicho que la compañía mantendrá su perfil de sociedad anónima y que tendrá una gestión profesionalizada. Pero, por ahora, ha encargado la misión al ministro de Planificación Julio de Vido. Alguién sin ninguna experiencia en el sector.
Otras nacionalizaciones
Algunos observadores aseguran que hay más seguridad jurídica, hoy por hoy, en la Venezuela de Hugo Chávez que en Argentina. Al fin y al cabo, el presidente bolivariano, cuando expropia, va con la “chequera por delante”. Aquí no ha habido nada similar.
Antecendente
Un representante del Partido Solidario, el ala más izquierdista del Frente para la Libertad, Juan Carlos Junio anticipaba en un artículo publicado por Página 12 , el medio más cercano al clan Kirchner, los motivos que usaría el poder para justificar esta insólita decisión.
El artículo se iniciaba con una referencia casi textual a las amenazantes palabras pronunciadas por el ministro de Industria español, Juan Manuel Soria, desde Polonia, poco después de que la semana pasada, Clarín hiciera público un primer borrador de la Ley que finalmente Cristina Fernández ha optado por enviar al Congreso.
En opinión de Junio, el ministro español defendía los derechos de una empresa multinacional. En cambio, siempre según esta argumentación utilizada en parte por la mandataria para justificar su acción, el Gobierno argentino defiende los derechos de un país entero que observa como sus hidrocarburos se venden en el exterior, mientras tiene que importar gas para abastecerse.
Lo que se echa en falta en este argumentario es una referencia al hecho de que YPF fue adquirido al Estado argentino, según el precio y las condiciones fijadas por un Gobierno democráticamente elegido, el que entonces presidía Carlos Menem.
Flecos
Además, la ‘intervención’ deja algunos flecos aún por resolver. Por ejemplo, según muchos observadores habrá que seguir muy de cerca al Grupo Petersen. Puesto que fue Repsol quién le prestó el dinero necesario para adquirir la participación que tienen en la compañía. Y pensaba devolverlos con los dividendos. Ahora, al menos esa parte del acuerdo tendrá que estar sujeta a revisión.
El Movimiento Evita, la Cámpora y otras organizaciones juveniles han convocado una manifestación en la Plaza de Mayo para apoyar la decisión de la presidenta sobre YPF. Los jóvenes que dirige el hijo de Cristina y Néstor, Máximo Kirchner.
La prensa argentina
En Argentina han corrido ríos de tinta tras esta expropiación. Clarín saca pecho: El pasado jueves había anticipado la operación y ahora se confirma. La Nación califica la toma de YPF como un avance peligrosísimo avance de Cristina Fernández contra la propiedad privada. Página 12 defiende los argumentos del Gobierno.
