Asamblea de Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central han indicado este jueves que «vienen observando» un incremento de la represión y de las «afectaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales en el marco del proceso electoral».
En este contexto, ambas agencias han instado reiteradamente al Gobierno de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, a la vez que han señalado que «resulta imperioso» restablecer los derechos y libertades.
También en referencia al marco electoral en el que tendrán lugar los comicios, han apuntado a la eliminación del pluralismo tras la cancelación de la personalidad jurídica de tres partidos políticos, junto con la detención arbitraria de siete precandidatos, más de 30 líderes sociales y políticos e incluso la descalificación de una candidata a vicepresidenta.
Asimismo, se han mostrado preocupados ante la negativa de permitir la entrada a Nicaragua de varios periodistas extranjeros durante las últimas semanas, así como la falta de respuesta a las solicitudes de acreditación para poder informar sobre el desarrollo de la jornada electoral y los ataques contra medios de comunicación y periodistas.
También en referencia a las restricciones de derechos, las agencias de han denunciado los obstáculos a la libertad de asociación de la sociedad civil a través de diversas legislaciones, como la Ley de Agentes Extranjeros o la cancelación de la personalidad jurídica de 45 organizaciones civiles durante este año.
Frente a este contexto, ambos organismos han reiterado su llamamiento a las autoridades nicaragüenses a que restablezcan las condiciones que garanticen «unas elecciones libres y justas» basadas en «un diálogo inclusivo y constructivo con todos los sectores de la sociedad».
Para esto, consideran «imprescindible» que el Gobierno «restablezca el Estado de Derecho, libere a todas las personas detenidas arbitrariamente, y cese los ataques contra personas y organizaciones consideradas como opositoras al gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil».
El 7 de noviembre los nicaragüenses acudirán a las urnas entre llamados de la oposición a la abstención en una denuncia por las condiciones en las que se han desarrollado los comicios, con una oleada represiva que se ha intensificado en los últimos meses de cara a una jornada en la que Ortega previsiblemente se proclamará vencedor y se fortificará en el poder durante otros cinco años, con los que sumará casi dos décadas al frente del país centroamericano.
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