Una de las justificaciones esgrimidas desde Washington para estas sanciones es la creciente represión de la disidencia en el país centroamericano, a la que atribuye más de 300 muertes desde 2018, así como la huída de más de 100.000 ciudadanos. El Departamento del Tesoro norteamericano pone en el punto de mira a las Fuerzas Armadas, a las que ha acusado no sólo de no desmantelar las fuerzas militares, sino de alentar a estos grupos para que cometan actos violentos.
Además de contra la ministra, en la lista anunciada este lunes figuran otros miembros del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), entre ellos los oficiales Ramón Humberto Calderón Vindell y Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, este último jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
Por la campaña de desinformación y los ataques contra medios independientes, las autoridades estadounidenses han señalado a la directora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones, Nahima Janett Díaz Flores, y a su ‘número dos’, Celina Delgado Castellón, mientras que los castigos también pretenden torpedear la financiación del Gobierno con sanciones a Ramón Humberto Calderón Vindell, vinculado a la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS) y a Petróleos de Nicaragua.
El secretario adjunto del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, ha acusado de Ortega de mermar las libertades democráticas en Nicaragua «efectuando una farsa electoral, silenciando a la oposición pacífica y manteniendo a cientos de personas como presos políticos». Por ello, ha subrayado que tanto Washington como sus aliados quieren enviar un «claro mensaje» a Ortega y su «círculo cercano» para seguir avanzando en «una vuelta de la democracia».
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