Las empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad Disnorte y Dissur pasaron al control y administración del Estado de Nicaragua, tras la aprobación este lunes de una ley de nacionalización de sus activos por la Asamblea Nacional (parlamento).
“Con esta ley el Estado se asume como rector, garante y restituidor del derecho del pueblo a acceder a la energía eléctrica (por eso se declara de utilidad soberana y de interés nacional la totalidad de las acciones de propiedad de le empresa TSK Melfosur Internacional, S.A. en las sociedades anónimas Disnorte y Dissur”, dijo al argumentar su voto el diputado Carlos Emilio López, del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
López expuso que el nuevo texto jurídico está en correspondencia con varios artículos de la Constitución política del país, como el 98, el cual en términos de economía asigna al Estado la responsabilidad de lograr el desarrollo humano sostenible, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y la distribución más justa de las riquezas.
También hizo referencia al apartado 105, que obliga al Estado de la promoción, facilitación y regulación de los servicios públicos básicos, entre ellos, energía, comunicación, agua y transporte, entre otros.
«Esta es una buena noticia, el servicio de energía eléctrica será totalmente del pueblo de Nicaragua (…) con esto no solo se garantizará cobertura, sino calidad y la posibilidad de seguir reduciendo los costos», apuntó López.
META SUPERADA
Edwin Castro, líder del grupo parlamentario del FSLN, destacó que el país concluirá el año con un 98,50 por ciento de cobertura eléctrica en todo su territorio, por encima de la meta (98,42) fijada para 2020.
Otra legisladora sandinista, Jenny Martínez, aseguró que la iniciativa legal marca una pauta en la historia del sector energético nicaragüense.
«Estamos realizando un acto de defensa de nuestra soberanía al restituirles un derecho fundamental a las familias nicaragüenses», reafirmó.
El diputado Maximino Rodríguez, del opositor Partido Liberal Constitucionalista, reconoció que durante el Gobierno de esa formación, encabezado por el presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), organismos internacionales le impusieron a Nicaragua una agenda de privatizar los servicios básicos, entre ellos el de la electricidad.
Sin embargo, Rodríguez terminó votando en contra de la ley nacionalizadora, que recibió el apoyo de 75 legisladores (de 92), entre ellos los de la Bancada Unidad Liberal que normalmente no se alinea con el FSLN.
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