La justicia mexicana ha dado la razón este lunes a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) al suspender las acciones contenidas en la política de confiabilidad publicada por la Secretaría de Energía el pasado mes de mayo, por la cual se establecían unas nuevas reglas en las políticas de energías renovables que limitaban el acceso a las compañías privadas para dar mayor peso a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El pasado 22 de junio, Cofece presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a las nuevas normas implantadas por la Secretaría de Energía, alegando que estas «violentan los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos».
En concreto, la nueva norma implantada por la Administración de López Obrador busca ampliar el uso de centrales eléctricas propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar los permisos para plantas eólicas y solares, así como la modificación de algunos procedimientos llevados a cabo por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Con la presentación de una controversia constitucional, el órgano busca que la autoridad judicial determine si la secretaría dirigida por Rocío Nahle tiene facultad para emitir una regulación que no es acorde con las reglas antimonopolísticas en el país.
«Se concede la medida cautelar solicitada por la Comisión Federal de Competencia Económica, para el efecto de que se suspendan todos los efectos y consecuencias del acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional», afirma el texto judicial recogido por el diario local ‘El Financiero’.
De este modo, la suspensión establecida queda vigente hasta que la Corte tome una nueva decisión al respecto. La suspensión es genérica, por lo que es aplicable a todos los participantes del mercado eléctrico.
Esta suspensión se suma a otras dos que han tenido lugar en las últimas dos semanas por parte de dos jueces en materia de competencia, que le dieron la razón a las organizaciones medioambientalistas Defensa Colectiva y Greenpeace.
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