Dos años después del estallido social siguen registrándose violaciones de Derechos Humanos en Chile

Mientras que el Ministerio Público ha trabajado para «fortalecer sus capacidades a la hora de abordar las violaciones de Derechos Humanos», los avances «han sido lentos», ha denunciado en una entrevista con Europa Press el representante para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab.

En este sentido, «la demora en los procesos judiciales genera en las víctimas una sensación de desamparo», mientras que muchas «se sienten afectadas por la falta de reconocimiento expreso del Estado de que se han cometido violaciones de Derechos Humanos». Por ejemplo, ha detallado Jarab, «el Estado no ha ofrecido disculpas públicas a las víctimas».

Precisamente este lunes, la oficina de Derechos Humanos de la ONU ha publicado un informe en el que lamenta que «persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales», a pesar de «los esfuerzos del Estado para incorporar las recomendaciones» que se hicieron en 2019 tras el estallido.

En este mismo documento se alerta de que, respecto a la función policial, y aunque «se observa una reducción del uso de escopetas antidisturbios», que causaron cientos de casos de trauma ocular en 2019, así como «la actualización en curso de varios protocolos que rigen el uso de la fuerza por parte de Carabineros», se sigue registrando un «uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y carros lanza aguas contra las personas». También, en algunos casos, los agentes de Carabineros «no han prestado asistencia a personas heridas», lamenta la ONU.

CONTINUIDAD DE LAS VIOLACIONES DE DDHH

En este contexto, Jarab ha denunciado que «varias violaciones de los Derechos Humanos documentadas en este entonces han seguido registrándose en estos dos años», como el uso excesivo o arbitrario de la fuerza, por ejemplo, contra manifestantes pacíficos o brigadistas de salud, así como «la tendencia a dispersar manifestaciones ‘no autorizadas'», algo «contrario a las normas internacionales en materia de reunión pacífica».

Precisamente en referencia a la prometida reforma de Carabineros, institución policial ampliamente criticada por estar detrás de la represión en el marco de las protestas, si bien Jarab ha admitido que se trata «de un proyecto a largo plazo», las renovaciones implementadas hasta el momento «no incorporan de forma suficiente el rol que deben tener la sociedad civil, otros poderes del Estado y órganos autónomos del Estado en la supervisión de sus labores», ha lamentado.

Asimismo, ha tildado de «alarmante» la falta de reconocimiento de los hechos y aceptación de responsabilidad institucional por las violaciones de Derechos Humanos ocurridas desde octubre 2019.»¿Si no se reconoce responsabilidad, cómo se puede avanzar hacia una reforma profunda, que otorgue garantías efectivas de no repetición?», ha cuestionado.

A su vez, el informe de la ONU ha destacado este lunes que es «excesivo» el uso de la prisión preventiva en casos de personas imputadas por presuntos delitos en el contexto de las manifestaciones, mientras que identifica «cambios problemáticos» respecto a leyes recientemente aprobadas.

Entre ellas, ha apuntado a la ‘Ley Antibarricadas’, adoptada en 2020 y que permite agravar las penas correspondientes a delitos de alteración del orden público, así como una propuesta legislativa que asigna a las Fuerzas Armadas el resguardo de la infraestructura crítica y que podría resultar en «la militarización de la seguridad ciudadana».

«Preocupa que se estén adoptando o proponiendo cambios que contravienen los estándares internacionales, tales como criminalización de la protesta y exención de responsabilidad penal ex ante para funcionarios que utilicen su arma en varias situaciones», ha lamentado la oficina de Naciones Unidas.

En referencia a la legislación, el documento también refiere que el derecho de reunión pacífica sigue regulado por un decreto que data de la época de la dictadura, lo que «en la práctica genera un sistema de autorización de reuniones pacíficas y permite dispersar reuniones no autorizadas, por lo que es urgente «incrementar la protección del derecho de reunión pacífica».

Por otro lado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha constatado en su informe «el hostigamiento y violencia» contra brigadistas de salud, observadores de Derechos Humanos y periodistas. «Aunque pueda ser incómoda para la autoridad, la labor de las personas defensoras de Derechos Humanos es imprescindible y debe ser protegida», ha avisado Jarab.

UNA CONSTITUCIÓN CON LOS DDHH EN EL CENTRO

La convención, resultado de un plebiscito que se convocó a raíz del clamor en las calles chilenas y encargada de redactar una renovada Constitución que venga a sustituir a la heredada del dictador Augusto Pinochet, arrancó el debate de las normas que formarán la Carta Magna la semana pasada.

En este sentido, la formulación de una nueva Constitución «es una gran oportunidad para profundizar los compromisos de Derechos Humanos asumidos por el Estado», y aunque la decisión corresponde a los ciudadanos, Jarab ha insistido en que «los Derechos Humanos deben estar al centro del proceso constituyente».

Algunos de los asuntos a los que se debería prestar especial atención son, entre otros, fortalecer la dimensión de derechos económicos, sociales y culturales, así como la protección de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en una sociedad «profundamente desigual» donde muchas personas «ven afectados sus derechos económicos, sociales y culturales», y con una población indígena a quien el Estado «no ha ofrecido medidas que puedan superar la injusticia histórica y presente que sufrieron y siguen sufriendo».

«Además, para la legitimidad de la nueva Constitución, el propio proceso y su carácter incluyente es tan importante como sus resultados», ha concluido Jarab.

El ACNUDH, por su parte, ha saludado «a la Convención Constituyente, que se destaca por su diversidad y participación, siendo el primer proceso constituyente paritario en el mundo», y que en su rol de redacción de una nueva Constitución, «tiene la posibilidad de encauzar las demandas sociales presentadas en las manifestaciones sociales y abordar las causas estructurales de las protestas iniciadas en 2019».

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