«Promulgamos la ley que restringe los funerales de riesgo para prevenir la ocurrencia de eventos delictivos y actos de violencia», ha anunciado el presidente chileno, quien ha destacado que esta y otras normativas durante su Gobierno buscan «recuperar los espacios de la ciudad» de quienes «merecen vivir en paz».
Boric ha presentado la norma en un acto celebrado en la comuna de San Román, en Santiago, afectada particularmente por el narcotráfico, junto a los ministros del Interior, Carolina Tohá; de Justicia, Jaime Garjardo y el director general de Carabineros, Marcelo Araya, entre otros, informa el diario ‘La Tercera’.
Tohá ha explicado que esta ley se trata de «una restricción a los derechos que todas las personas tienen cuando fallecen» incluido para los de sus familiares y allegados, «en beneficio del interés general».
«Nuestros derechos se terminan cuando empiezan a afectar los derechos de los demás», ha incidido Tohá, quien ha recordado los «demasiados antecedentes» que existen sobre cómo «estas personas» llevan a cabo estas ceremonias aún «a costa» y «haciendo sufrir a los demás», incluso con «amenazas».
El objetivo de la nueva ley es restringir los espacios y el tiempo en el que estas personas –principalmente narcotraficantes, miembros de bandas organizadas, o ultras de fútbol– son veladas y recordadas durante las ceremonias si existen riesgos para la seguridad y el orden público.
La ley otorga a Carabineros amplios poderes para clasificar el grado de peligrosidad y alcance que estos eventos pueden tener para la seguridad pública. En caso de riesgo extremo, estas ceremonias deberán llevarse a cabo en un plazo de 24 horas y siempre dentro de las instalaciones del velatorio o el cementerio, sin estar permitido ningún tipo de caravana, marcha o ritual en la ciudad.
«El féretro va directo al cementerio. No habrá una sede social ni ningún lugar donde haya un velorio. El recorrido que ese féretro va a hacer no lo va a decidir la banda, lo va a decidir Carabineros», ha zanjado la ministra del Interior.
Asimismo, los delitos que se cometan durante este tipo de ceremonias –frecuentemente desórdenes públicos, saqueos, posesión de armas, lanzamiento de fuegos artificiales sin autorización, u obstrucción a la circulación– serán sancionados con penas más severas.
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