El Supremo de Brasil avala la prohibición de misiones religiosas en tierras indígenas ante el coronavirus

La medida se ha tomado, según ha explicado la corte, para proteger la salud de las poblaciones de los pueblos originarios y ha salido adelante tras las denuncias realizadas por misiones neopentecostales ante la Fundación Nacional del Indio (Funai).

Barroso ha indicado que la medida de confinamiento estricto es necesaria para impedir el avance del virus entre estas comunidades. Así, la corte ha suscrito que la medida se encuentra en línea con las directrices de Naciones Unidas para proteger los Derechos Humanos.

Ante el peligro inminente de contagio, la medida insta a realizar barreras de detención para prohibir bajo cualquier circunstancia el acceso de misiones religiosas a las zonas con presencia de población indígena.

El pasado 23 de agosto cientos de indígenas de Brasil se manifestaron contra la disposición propuesta por el Ejecutivo que reconoce como tierras ancestrales a las ocupadas por estas comunidades antes del año 1988, lo que abriría la puerta a empresas para utilizar estas tierras con fines ganaderos y textiles, entre otros.

A principios de agosto, la organización Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentó una denuncia por genocidio contra el presidente, Jair Bolsonaro, ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por su responsabilidad en la muerte de 1.162 personas de hasta 163 comunidades originarias en el marco de la pandemia.

El documento acusa a Bolsonaro de genocidio, así como de otra serie de acciones que habría permitido por omisión de funciones en materia medioambiental. Del mismo modo, la organización indígena defiende que el desmantelamiento de los servicios públicos de protección social y ambiental de estas comunidades provocó el asalto de sus tierras, deforestaciones ilegales e incendios provocados.

APIB también solicitará ante el Tribunal Penal Internacional la inculpación de Bolsonaro por un delito de lesa humanidad contra el planeta y el medioambiente, el ecocidio, mostrando para ello una serie de acciones o propuestas legislativas con las que el presidente brasileño intentó o causó daño directo a estas comunidades, a través de la invasión de sus tierras, ataques, deforestaciones, o explotaciones irregulares a través de la ganadería o la minería. Brasil cuenta con cerca de unos 850.000 indígenas repartidos en más de 300 comunidades.

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