Vista de la sede de la petrolera estatal YPF en Buenos Aires, Argentina (Foto: Europa Press - Meng Dingbo)
La polémica por la expropiación de YPF en 2012 suma un nuevo capítulo judicial que enfrenta a Argentina con la Justicia de EEUU. La reciente orden de una jueza neoyorquina de transferir la mayoría accionarial de la petrolera a fondos demandantes ha sido respondida por el Gobierno argentino con una petición de suspensión y un anuncio de apelación. El Ejecutivo de Javier Milei considera que la sentencia desconoce principios de derecho internacional y normativas internas.
La decisión judicial emitida el pasado lunes por la jueza Loretta Preska, del distrito sur de Nueva York, obliga a Argentina a depositar en 14 días el 51% de las acciones clase D de YPF en una cuenta de custodia gestionada por el banco Bank of New York Mellon. Sin embargo, el Gobierno considera el fallo “jurídicamente inaplicable”.
La sentencia “desconoce la inmunidad soberana” y exige una autorización del Congreso argentino por mayoría agravada, argumentó Ardoni
El portavoz del Ejecutivo, Manuel Ardoni, anunció en redes sociales que el Gobierno ha solicitado la suspensión de la orden y trabaja ya en su apelación formal, una postura que también fue comunicada por carta a la jueza.
Desde 2012, tras la expropiación impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina mantiene el control efectivo de YPF, con participación mayoritaria en las decisiones estratégicas. La adquisición por parte del Estado se realizó sin una oferta completa por el total accionario, lo que derivó en la demanda por parte de Burford y Eton Park.
Ambos fondos alegan que el estatuto de YPF obligaba al Estado a hacer una oferta pública por la totalidad de la compañía, y no solo por el porcentaje en manos de la española Repsol, lo que, a su juicio, constituye una violación contractual.
La sentencia abre un precedente delicado sobre el alcance del poder judicial extranjero sobre decisiones de política económica interna de Estados soberanos
El conflicto judicial tiene un peso económico colosal: en una sentencia previa, Argentina fue condenada a pagar más de 16.000 millones de dólares, suma que representa uno de los mayores fallos contra un Estado soberano en la historia reciente.
En abril de 2024, Burford Capital solicitó al tribunal la ejecución de la sentencia, incluyendo el traspaso de las acciones, embargos y otras medidas. El fallo del lunes representa la materialización parcial de ese pedido.
Además del aspecto financiero, el Gobierno argentino argumenta que las acciones de YPF no están en poder directo del Estado y que su transferencia requeriría legislación específica. En este sentido, advierte que cumplir el fallo sin aprobación parlamentaria implicaría violar el orden constitucional del país.
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