A partir de hoy los funcionarios de las instituciones públicas paraguayas dejarán de percibir las bonificaciones que recibían, tras el rechazo recibido por una propuesta de aumento a todos los miembros y empleados del Congreso. A partir de hoy los funcionarios de las instituciones públicas paraguayas dejarán de percibir las bonificaciones que recibían, tras el rechazo recibido por una propuesta de aumento a todos los miembros y empleados del Congreso.
Un decreto del presidente Horacio Cartes establece la ‘derogación’ de una ley especial por ese concepto para los trabajadores dependientes del Ejecutivo, además de instar a tomar igual medida a los poderes Legislativo y Judicial.
Esa decisión ocurrió a raíz que la Cámara baja aprobara un proyecto hacia el pago de lo que es llamado tercer aguinaldo en el año, cuyo texto pide una ampliación presupuestaria para ello.
El objetivo sería un desembolso monetario dirigido a unos 1.300 legisladores y empleados de todo el Congreso Nacional, un plan inmediatamente impugnado por diversos sectores del país.
La medida dictada por el mandatario rige para todas las instituciones dependientes del Ejecutivo, sean ministerios, secretarías, entes descentralizados, empresas públicas y otros organismos.
Según el titular de la cartera de Hacienda, Santiago Peña, mediante esa decisión el jefe de Estado “está enviando un mensaje claro y contundente en cuanto a las prioridades del Gobierno y la política del gasto público”.
“En los últimos días el tema de las bonificaciones, premios o mal llamado tercer aguinaldo estuvo en el debate y trajo una reacción ciudadana escuchada por el Ejecutivo y plasmada en este decreto”, añadió.
Igualmente, confirmó la exhortación a los otros poderes del Estado a hacer lo mismo al tener en cuenta el reclamo de la ciudadanía.
Peña reafirmó que las arcas no cuentan con los recursos para cubrir la ampliación presupuestaria solicitada por la Cámara de Diputados en su propuesta.
Un artículo de la ley de presupuesto faculta a abonar hasta dos gratificaciones anuales, las cuales no podrán ser superiores a un mes de sueldo.
A ello se suma el aguinaldo establecido en el Código Laboral, por lo cual los funcionarios terminarían percibiendo tres de esas bonificaciones en el año.
El ministro argumentó cómo el Gobierno está empeñado en seguir conteniendo el gasto salarial y la prioridad es potenciar el social, los programas de protección en esa materia.
Adelantó que para el proyecto de presupuesto 2017, en estudio en la Comisión Bicameral respectiva del Congreso, instará a excluir el artículo que otorga este otro beneficio y mantener el único pagado en diciembre, como todos los trabajadores del país.
La aprobación de su propuesta por los diputados, con solo dos en contra de 70 votantes, generó rápidamente una polémica por el rechazo de quienes plantean lo necesario que resulta ese dinero para mejorar las condiciones de vida de la población.
Las redes sociales fueron inundadas por expresiones contrarias a la medida, e incluso los internautas convocaron a una manifestación ante la sede del Congreso Nacional, realizada efectivamente para exigir su derogación.
