Argentina está a las puertas de consagrar el aborto legal, seguro y gratuito. De hacerlo, la nación sudamericana se convertiría en el cuarto país de la región en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), por detrás de Cuba, Guayana y Uruguay.
El Senado se dará cita el 29 de este mes para discutir en el plenario el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados el pasado viernes por 171 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones.
Sin apenas estudios oficiales más recientes, hay que remitirse a un informe del Ministerio de Salud para dar cuenta de que en 2018, tras evaluar 585 maternidades públicas, se registraron 257 muertes de mujeres gestantes en Argentina, de las cuales 35, que representan 13,6 por ciento, se debieron a un «embarazo terminado en aborto».
Dentro de esta categoría, 19 de esos 35 fallecimientos se debieron a «aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto», mientras que como «aborto espontáneo» se identificó la muerte de otras tres mujeres.
Éste fue uno de los datos mencionados el martes durante la segunda audiencia celebrada en la cámara alta por la que un plenario de tres comisiones, la de la Banca de la Mujer; Justicia y Asuntos Penales, y Salud, escucharon a 20 expertos en derecho sobre la constitucionalidad del proyecto de ley que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación.
ARGUMENTACIONES
Una de las oradoras, la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Livetzky, contó a Sputnik que fue un debate repetitivo respecto al que hubo en 2018, año en que por primera vez Argentina llevó al Congreso la discusión.
«En general, las argumentaciones son reiterativas sobre los aspectos constitucionales y las obligaciones internacionales de Argentina, un debate saldado en jurisprudencia y doctrinariamente, aunque al mismo tiempo aparecen algunos constitucionalistas en contra del proyecto de ley que vienen a sostener argumentos que no son veraces», planteó la abogada.
La exposición de Livetzky trató de arrojar luz sobre la necesidad de autorizar la IVE para generar políticas igualitarias de salud, pues «la criminalización del aborto en los últimos años impacta sobre las mujeres pobres».
Algunas propuestas escuchadas en el Senado en contra de la normativa sugirieron que no era necesario despenalizar el aborto, sino impulsar políticas de salud para evitar la muerte de mujeres.
«Este argumento es falso: la evidencia fueron estos 100 años de criminalización en que el Estado no pudo y no quiso desarrollar iniciativas que pudieran ayudar a las mujeres a acudir al sistema de salud para evitar que quedaran en la clandestinidad», objetó la directora del CELS.
Los argumentos de los constitucionalistas que rechazan el proyecto ya han sido rebatidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por el Comité de los Derechos del Niño de la Convención de Naciones Unidas, y por la propia Corte Suprema argentina en 2012, cuando sentenció que no es punible cualquier aborto que provenga de un embarazo producto de una violación, tal y como reconoce el Código Penal de ese país, señaló Lipovetzky.
Pese a ello, desde 2012 y hasta ahora se iniciaron 1.388 causas judiciales por abortos y 37 eventos obstétricos fueron criminalizados, según un estudio del CELS que abarca la ciudad de Buenos Aires y 13 de las 23 provincias del país.
En última instancia, la única premisa que exponen los senadores en contra de la legalización del aborto se asienta en sus convicciones políticas, religiosas o morales, lo que no es relevante a los efectos de la discusión de constitucionalidad, advirtió la directora de la institución.
Si estos parámetros tuvieran que tenerse en cuenta, no tendrían razón de ser las dos causales que el Código Penal, desde 1921, contempla para permitir el aborto: en caso de violación y en caso de riesgo de vida o de que se ponga en peligro la integridad física de la madre.
«En el caso de violación, el legislador opta por un valor que prefiere y le da autonomía a la mujer para decidir que no quiere continuar con el embarazo», argumentó la directora del CELS; «si esa causal es constitucional, también lo es la decisión del legislador de permitir la práctica del aborto hasta la semana 14», añade.
PERSPECTIVAS DE APROBACIÓN
La diferencia del debate que encara ahora Argentina con respecto al de 2018 es que hay voluntad política para que se sancione la ley.
Hace dos años, el entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019) se limitó a habilitar el tratamiento legislativo de la medida. El texto llegó a aprobarse en la Cámara de Diputados pero fue rechazado finalmente en el Senado por siete votos de diferencia.
La legalización del aborto es el proyecto de ley que más movilización ha generado en Argentina. El respaldo en la calle, la voluntad del Gobierno y del oficialismo, permite vislumbrar la posibilidad de que esta vez sí se sancione la normativa.
Pero ese escenario abriría otro frente: su implementación. La abogada penalista Luciana Sánchez, otra de las especialistas consultadas por el Senado, alerta de que en ese caso, el país tendría que encarar otro desafío: cómo el Estado implementará la ley con políticas de salud y de protección a la mujer.
