La Justicia argentina ha dado un nuevo paso para forzar al Gobierno de Javier Milei a cumplir la ley de emergencia en discapacidad, aprobada y ratificada por el Congreso, pero nunca aplicada por el Ejecutivo. Un juez federal ha fijado un plazo concreto para su ejecución y ha exigido acreditar avances administrativos en los próximos días.
La resolución judicial llega tras meses de bloqueo institucional y en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el Parlamento por el alcance del ajuste presupuestario.
Un juez federal exige al Gobierno acreditar avances inmediatos para aplicar la ley de discapacidad, pese al recurso presentado por el Ejecutivo
La Justicia fija un plazo límite
El juez federal Adrián González Charvay intimó este martes al Gobierno argentino a que la ley de emergencia en discapacidad esté “en plena ejecución” el 4 de febrero, y le ordenó demostrar en un plazo de cinco días el avance de los trámites necesarios para cumplir la resolución judicial.
El magistrado recordó que han transcurrido más de 30 días desde que el Ejecutivo presentó un recurso de apelación contra el fallo que ordenaba aplicar la norma de forma inmediata, sin que se haya producido ningún avance efectivo.
El fallo advierte de que el recurso del Gobierno no suspende la obligación de aplicar una ley vigente y ratificada por el Congreso
Qué obliga la ley de emergencia en discapacidad
La norma establece la obligación del Estado argentino de garantizar una financiación adecuada de las pensiones por discapacidad, así como de reforzar la asistencia y los servicios destinados a este colectivo, declarado en situación de emergencia.
El Gobierno ha mantenido bloqueada su aplicación alegando que el texto legal no especifica de forma expresa las fuentes de financiación necesarias para sostener el aumento del gasto.
Ese argumento ya fue rechazado por la Justicia en una resolución anterior, dictada en diciembre, que ordenó aplicar la ley de manera inmediata.
Cronología del conflicto institucional
La ley ha atravesado un complejo recorrido político y judicial desde su aprobación:
| Fecha | Hecho relevante |
|---|---|
| Julio | El Congreso aprueba la ley de emergencia en discapacidad |
| Agosto | Javier Milei veta la norma por decreto |
| Septiembre | El Congreso rechaza el veto y ratifica la ley |
| Diciembre | La Justicia ordena aplicar la ley de forma inmediata |
| Enero | El Ejecutivo apela el fallo y mantiene bloqueada la norma |
| Febrero | El juez fija el 4 de febrero como fecha límite de ejecución |
Pese a perder el veto presidencial, el Ejecutivo ha mantenido la ley sin aplicar durante meses
Nuevo intento fallido de derogación
A finales del mes pasado, el Gobierno intentó derogar la ley de emergencia en discapacidad a través del proyecto de Presupuesto 2026, incorporando un artículo específico para eliminarla.
Ese intento volvió a fracasar en el Congreso, que modificó el texto presupuestario para suprimir ese capítulo, junto a otro que buscaba derogar la norma que obliga a aumentar los fondos destinados a las universidades públicas.
La insistencia del Ejecutivo en bloquear la ley ha generado protestas del colectivo de personas con discapacidad y ha reforzado el pulso institucional entre el Gobierno, el Parlamento y la Justicia.
El juez González Charvay dejó constancia en su resolución de que la obligación de cumplir la ley se mantiene “sin perjuicio de lo que en definitiva resuelva el Superior”, subrayando que la vigencia de la norma no está suspendida.
