La nueva ley del Gobierno de la brasileña Dilma Rouseff para almacenar datos nacionales de Internet en el país ha sido impugnada por 45 instituciones de tecnología y comercio nacionales y extranjeras. La nueva ley del Gobierno de la brasileña Dilma Rouseff para almacenar datos nacionales de Internet en el país ha sido impugnada por 45 instituciones de tecnología y comercio nacionales y extranjeras.
En este documento, tal y como señala el diario español El País, aparecen las figuras de United States Council for International Business y la Informational Technology Industry Council, que representan a gigantes de la informática como Amazon, Apple, Google y Facebook.
Esta ley ha surgido como resultado del escándalo es espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) con ciudadanos, empresas y dirigentes del Gobierno de Brasil, hasta el correo electrónico de la mandataria.
Tal ha sido el malestar de la presidente para con su homólogo estadounidense Barack Obama que la mandataria no acudió a EEUU el pasado miércoles 23 de octubre, cuando tenía una visita programada al país.
En concreto, el proyecto de ley obliga a que “el almacenamiento de datos de personas físicas o jurídicas brasileñas por parte de los proveedores de aplicaciones de Internet que ejercen esa actividad de forma organizada, profesional y con finalidades económicas en el país se lleve a cabo en el territorio nacional, salvo los casos previstos en la reglamentación”.
El informe de las instituciones tecnológicas (entregado al Partido de los Trabajadores, PT) advierte que las medidas expuestas podrán tener “efectos colaterales” como una caída en la seguridad de los datos de los usuarios, el aumento del coste de los servicios y la pérdida de competitividad de las empresas.
Estos organismos señalan que la seguridad de los datos no tiene que ver con donde están almacenadas sino con el modo en el que se mantengan y cuiden.
A pesar de la intención de las tecnológicas, en los círculos gubernamentales nada se ha dicho de este documento contra el proyecto de ley. Todo apunta a que la norma será aprobada.
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