Dilma Rousseff afronta un panorama potencialmente peligroso para la operatividad de la política brasileña. La nueva estrategia de la mandataria, basada en la “tolerancia cero” a la corrupción, ha llevado a que las relaciones con los diez partidos que conforman la alianza gubernamental junto con el Partido de los Trabajadores (PT) se hayan tensado sobremanera. La salida de cuatro ministros en apenas 72 días, algunos de ellos pertenecientes a formaciones aliadas como el Partido de la República (PR), que ya ha abandonado el Gobierno, o el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que encabeza una rebelión interna contra la presidenta, ha llevado el caos a la actualidad del país. Dilma Rousseff afronta un panorama potencialmente peligroso para la operatividad de la política brasileña. La nueva estrategia de la mandataria, basada en la “tolerancia cero” a la corrupción, ha llevado a que las relaciones con los diez partidos que conforman la alianza gubernamental junto con el Partido de los Trabajadores (PT) se hayan tensado sobremanera. La salida de cuatro ministros en apenas 72 días, algunos de ellos pertenecientes a formaciones aliadas como el Partido de la República (PR), que ya ha abandonado el Gobierno, o el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que encabeza una rebelión interna contra la presidenta, ha llevado el caos a la actualidad del país.
La mandataria venció en las elecciones de octubre de 2010 con una coalición llamada “Para que Brasil siga cambiando”, en la que participan nada menos que once partidos, aunque los dos principales son el lulista PT, que obtuvo 88 diputados, y el PMDB, que se hizo con 79. El PR obtuvo 41 asientos, el Partido Socialista Brasileño (PSB) consiguió 34, el Partido Democrático de los Trabajadores (PDT) recibió 28 y los comunistas, 15. A ellos se unen otros partidos minoritarios que comparten una ideología predominantemente progresista.
Una alianza de tales dimensiones debe ser necesariamente difícil de manejar. El Partido de la República (PR), una de esas once formaciones que forman parte de la coalición de Gobierno que sustenta a la mandataria brasileña, ha anunciado esta misma semana que abandona el grupo parlamentario. Los escándalos de corrupción que han salpicado al pequeño partido y en especial al que fuera ministro de Transportes, Alfredo Nascimento, a quien Dilma forzó a dimitir, han sido terminales para las relaciones entre el PR y el Gobierno.
El propio Nascimento salió a la palestra para aclarar que su grupo abandonaba el poder. El partido que dirige, que cuenta con seis de los 81 senadores y 41 de los 513 diputados, «sale de la base aliada sin ningún rencor» y a partir de ahora tendrá respecto al Gobierno de Rousseff una posición de «apoyo crítico» e «independencia», en palabras del ya ex aliado de la presidenta. El ejemplo del PR se alza como paradigmático de la espiral de tensión creciente en que ha caído el Gabinete de Dilma.
La pérdida del apoyo del PR no es el único problema con que puede minar la estabilidad institucional y política brasileña. También esta misma semana, la caída de otro ministro ha saltado las alarmas del poder en el gigante sudamericano. El ya ex titular de Agricultura, Wagner Rossi, ha presentado su dimisión en medio de sospechas de prácticas ilícitas en su cartera. Rossi ha asegurado que una mano en la sombra, cuya identidad no ha querido desvelar, ha orquestado una campaña en su contra para obligarle a salir del poder, y ha defendido su inocencia en su despedida. La caída del ministro aumenta la tensión entre Dilma y el PMDB, su socio de Gobierno más importante y al que pertenece Rossi.
El líder del PMDB en el Congreso brasileño, Henrique Eduardo Alves, ha anunciado públicamente que su formación va a congelar las reformas que tienen en marcha el Gobierno de Dilma como medida de presión por lo que considera un ataque a los privilegios de su partido. «La falta de claridad, de franqueza y de respeto hacia el Parlamento está causando una gran insatisfacción», ha señalado a los medios Alves, en clara referencia a los ministros de su partido, Jobim y Rossi, que han salido del Gobierno precipitadamente en las últimas semanas.
La reacción del político se debe a que Rousseff ha cambiado radicalmente de estrategia con la corrupción. Del clima de tolerancia que había reinado con su antecesor, Lula da Silva, se ha pasado a un férreo endurecimiento que ha sorprendido a sus propios allegados y aliados políticos, acostumbrados a recibir la vista gorda por el poder. De ahí que comiencen a aflorar tensiones que podrían pasarle factura a la mandataria, especialmente si la situación con el PMDB se enquistara. Sin embargo, la población apoya masivamente la actitud de la mandataria, que cuenta con una elevada popularidad del 70%.
Esa implacable lucha contra la corrupción dentro del Gobierno ha conllevado que en los primeros siete meses de Rousseff en el poder, Nascimento, de la cartera de Transportes, y Antonio Palocci, ex Jefe de Gabinete, hayan tenido que abandonar sus cargos por sospechas de corrupción y enriquecimiento ilícito. Además, Nelsom Jobim tuvo que abandonar el Ministerio de Defensa después de que la prensa desvelara que había realizado polémicas declaraciones sobre algunos miembros del Gobierno. Tres salidas del Gobierno muy sonadas, puesto que se trataban de políticos de peso heredados por Dilma de su sucesor y mentor político, Lula da Silva.
De ahí que con su estrategia de “tolerancia cero” Dilma obtiene dos réditos distintos: por un lado, se deshace de ministros que le habían sido impuestos por su antecesor, con lo que obtiene independencia y apuntala su poder; por otro, se enfrenta cara a cara con la corrupción, uno de los problemas más sangrantes de Brasil. Sin embargo, formaciones como el Partido Socialista Brasileño (PSB), el Partido Democrático de los Trabajadores (PDT) o los comunistas, todos parte del entramado de la coalición “Para que Brasil siga cambiando”, nombre oficial de la alianza, pueden unirse a la rebelión si sus intereses son amenazados.
