El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe
El ex presidente colombiano Álvaro Uribe ha pedido este viernes que el sumario de su caso se haga público para evitar así que se filtren «selectivamente» partes del mismo y poder proteger su presunción de inocencia.
Jaime Granados, abogado de Uribe –que está siendo investigado por supuesto fraude procesal y soborno de testigos–, ha confirmado en un comunicado la petición del senador colombiano y ha lamentado que, «por razones que se desconocen», el proceso en su contra haya visto «filtradas de forma selectiva informaciones a la opinión pública, de forma descontextualizada».
Así, ha aseverado que el la solicitud busca que la comunidad «pueda constatar de manera integral la total inocencia de su proceder» con la única intención de «aportar una mayor transparencia al caso que, por su connotación política, se ha prestado para la violación de esa reserva y sirve de batalla política» que nada tiene que ver con la Justicia.
El martes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ordenó poner bajo arresto domiciliario al expresidente, en lo que ha supuesto la primera vez en la historia del país en la que se impone una medida así a un antiguo jefe de Estado.
Desde entonces se ha desatado un amplio debate en Colombia entre quienes respaldan a Uribe y quienes han celebrado la decisión de la corte. A efectos prácticos, el arresto domiciliario impedirá que este pueda acudir a jugar el cargo como senador.
El senador colombiano tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos, en su mayoría vinculados a grupos paramilitares. De hecho, el proceso contra Uribe comenzó cuando el exmandatario inició un proceso jurídico contra el exsenador del izquierdista Polo Democrático Iván Cepeda al acusarle de tener presuntos lazos con paramilitares.
Uribe denunció a Cepeda por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha. Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio expresidente, después de que el tribunal no hallara responsabilidad de Cepeda.
Así, la Corte Suprema sostuvo que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos no fueron producto de manipulación ni de pagos.
Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe: una por presuntamente presionar a exparamilitares para que declararan contra Cepeda y otra por presionar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara en lo que lo vincula con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, grupo que desmovilizó en su Gobierno en 2006.
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