Perú celebra este domingo unas elecciones parlamentarias con las que espera poner fin a la crisis que estalló el pasado mes de septiembre por el pulso entre el Gobierno y el Congreso a cuenta de la reforma política ideada por el presidente, Martín Vizcarra.
El origen de la crisis es la reforma que Vizcarra prometió a los peruanos nada más tomar posesión, en marzo de 2018, tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski poco antes de que el Congreso votara para cesarlo por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de Odebrecht.
La sede legislativa se negó a aprobar la reforma política, que habría implicado un adelanto electoral, por lo que Vizcarra acudió a una controvertida maniobra para asegurar que al menos los peruanos tendrían la última palabra en las urnas.
El entonces primer ministro, Salvador del Solar, presentó una cuestión de confianza con la intención de que el Congreso, de mayoría opositora, rechazara al Gobierno, lo cual, de acuerdo con la ley peruana, obligaría al adelanto electoral.
El Parlamento se negó siquiera a debatir y votar la cuestión de confianza, algo que Vizcarra interpretó como un rechazo tácito al Gobierno, por lo que éste, con Del Solar a la cabeza, dimitió en bloque.
La cúpula parlamentaria respondió declarando la «incapacidad moral» de Vizcarra para seguir en la Presidencia y designó a la entonces vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como su sustituta temporal.
Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la Policía se alinearon con el jefe de Estado, lo que obligó al Congreso a recular. Así, se constituyó un nuevo Gobierno con Vicente Zeballos como primer ministro y se convocaron elecciones legislativas de carácter extraordinario para este 26 de enero.
La última duda respecto a la legitimidad de estos comicios se despejó el pasado 15 de enero cuando el Tribunal Constitucional respaldó la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso.
No obstante, el alto tribunal ha enfatizado que la disolución de la Cámara solo procede en «supuestos extraordinarios». «No es un cheque en blanco ni para este Gobierno ni ningún otro», subrayó el magistrado ponente, Carlos Ramos.
UN CONGRESO FRAGMENTADO
Un total de 21 partidos políticos competirán este domingo para llegar al menos al 5 por ciento de los votos que se necesita para obtener representación en la sede legislativa.
El actual Congreso, elegido en 2016, está controlado por Fuerza Popular, partido opositor controlado por Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, que purga una condena a 25 años de cárcel por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato (1990-2000).
Fuerza Popular ostenta 54 escaños, a gran distancia de Acción Popular y Nuevo Perú, empatados en diez escaños. Los 56 escaños restantes se reparten entre otras nueve formaciones políticas.
Según los últimos sondeos, Acción Popular sería el partido más votado, seguido de Fuerza Popular, con un 4 y un 3 por ciento, respectivamente, cifras que dan idea del nivel de dispersión del voto.
La situación podría cambiar radicalmente el domingo, puesto que tan solo un 26 por ciento de los peruanos tendría decidido su voto, mientras que el 54 por ciento todavía no se ha decantado, de acuerdo con la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI).
Las encuestas auguran que hasta siete partidos entrarían en el Parlamento configurando una mayoría de centro que, sin embargo, podría complicar la agenda legislativa de Vizcarra, en contra de lo que el mandatario peruano esperaba de estas elecciones.
HASTÍO SOCIAL
El ‘think tank’ AS/COA explica que la principal razón del alto número de indecisos es la apatía que los comicios de este 26 de enero generan en los peruanos tras años de turbulencias políticas provocadas por la corrupción.
Los peruanos tomaron las calles en 2018 tras conocerse que Kuczynski podía estar implicado en el caso Odebrecht. La constructora brasileña está investigada en numerosos países de América Latina y en Estados Unidos por pagar sobornos a cambio de la adjudicación de contratos públicos.
Kuczynski dimitió sumándose así a la nutrida lista de dirigentes peruanos defenestrados. Los ex presidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, así como la mujer de este último, Nadine Heredia, y la propia Fujimori están investigados por el caso Odebrecht.
El también ex presidente Álan García era otro de los investigados pero se suicidó de un disparo en la cabeza cuando la Policía llegó a su casa de Lima para detenerlo.
La corrupción en Perú ha excedido la esfera política. Investigaciones periodísticas destaparon una red de tráfico de favores entre jueces, fiscales, policías y políticos que dinamitó el Poder Judicial.
Precisamente en este contexto, Vizcarra juró el cargo prometiendo una reforma política que hiciera más difícil para cualquier autoridad caer en prácticas corruptas. La expectativa de cambio logró silenciar a los manifestantes.
«OPORTUNIDAD HISTÓRICA»
El propio Vizcarra ha reconocido que la reforma política es el principal dique de contención de la ola de protestas que ha recorrido otros países de la región como Chile, Ecuador o Bolivia.
«La salida institucional y democrática, con llamado a elecciones incluido, ha permitido disminuir en algo el peligro de caer en situaciones lamentables que afectan enormemente a países hermanos», ha dicho. «Pero debemos tener claro que ese peligro existe», ha avisado.
Así, «estas elecciones tienen el potencial de canalizar la ira pública por la serie de escándalos de corrupción, incluido el caso Odebrecht, y allanar el camino para reformas políticas y judiciales destinadas a limpiar la vida pública», indica AS/COA.
No obstante, al mismo tiempo el ‘think tank’ advierte del riesgo de caer en un «círculo vicioso», de modo que la desafección de los peruanos con sus políticos provoque una abstención que redunde en un mantenimiento del ‘statu quo’, con lo que se perdería «una oportunidad histórica de cambio».
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