La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado este jueves la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que controla las actividades de aquellas personas o empresas que reciban financiación del exterior, una ley que la oposición y organizaciones de Derechos Humanos han calificado como un instrumento de represión política y restricción de libertades.
Con 70 votos a favor, la Asamblea ha aprobado este marco jurídico que tiene como objetivo regular «a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero y lo utilicen para realizar actividades que deriven en injerencia de organizaciones y Gobiernos extranjeros en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado», según informa el oficialista ‘El 19’.
El Gobierno de Daniel Ortega, quien presentó la propuesta en septiembre, argumenta que este marco jurídico garantiza la defensa y protección de la independencia, soberanía y autodeterminación de Nicaragua.
Los calificados como «agentes extranjeros» por la Administración deberán registrarse en el Ministerio de Gobernación y detallar los fondos recibidos, así como en que se gastan. También se les prohibirá intervenir en cuestiones de política interna, bajo amenaza de sanciones penales.
Para la opositora Alianza Cívica de Nicaragua, la ley «criminaliza a las organizaciones, empresas, medios de comunicación y asociaciones que reciben fondos de gobiernos externos» y, además, «viola Derechos Humanos y constitucionales», han denunciado a través de Twitter.
«La dictadura orteguista, a través de la Asamblea Nacional, aprobó esta conocida como ‘ley Putin’, que es inconstitucional porque violenta las libertades públicas con el objetivo de cercenar la capacidad operativa de organizaciones políticas que se oponen a la dictadura», ha denunciado el director ejecutivo de la coalición, Juan Sebastián Chamorro, a través de un vídeo difundido en redes sociales.
«Con la aplicación de la Ley para la Regulación de Agentes Extranjeros la Asamblea Nacional busca silenciar nuevamente a quienes defienden los Derechos Humanos en Nicaragua», ha lamentado Amnistía Internacional (AI) a través de Twitter.
Esta aprobación confirma que «el Gobierno de Ortega no está dispuesto a detener la represión», por lo que «la comunidad internacional debe ser enérgica y condenar esta conducta estatal», ha señalado la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.
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