Estos crímenes ocurrieron mayormente en las zonas de la Amazonía, sucediendo el último el 29 de junio cuando Mario López, defensor y perteneciente a la etnia asháninka, fue abatido a perdigones por presuntos narcotraficantes en el departamento de Ucayali (oriente).
Katherine Sánchez es especialista legal del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). En diálogo con Sputnik, conto que un informe de 2020 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó a Perú como uno de los países del mundo en el que la actividad de los defensores ambientales es más riesgosa.
«Lo paradójico de esta situación es que normativamente hemos tenido avances (respecto a la protección de los defensores). Este gobierno y el anterior (presidido por Martín Vizcarra) promulgaron algunos instrumentos legales, aunque de menor rango lamentablemente, para proteger a las personas defensoras», dice Sánchez.
La experta indica que actualmente se cuenta con un decreto supremo expedido por el Ejecutivo y que involucra a 18 ministerios en la defensa de las personas dedicadas a cuidar reservas naturales o zonas intangibles en los lugares más remotos del país; sin embargo, apunta que una de las limitaciones de una norma de rango menor como un decreto es que no asegura un presupuesto público para implementar políticas de protección de los defensores ambientales.
La situación de vulnerabilidad de los defensores es altísima por la misma ausencia del Estado en las zonas rurales, lo que los priva de protección policial o auxilio de alguna entidad pública cuando sus vidas son amenazadas por los delincuentes que suelen ser sus victimarios cuando sus intereses se cruzan frontalmente con su actividad.
En este sentido, el acceso a la justicia ambiental es crucial para salvaguardar la integridad de los defensores y el Acuerdo de Escazú, afirma Sánchez, es un instrumento legal de mayor rango que un simple decreto, aunque lamentablemente Perú no lo haya ratificado.
El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional firmado por 24 países de Latinoamérica y el Caribe para implementar protocolos sobre materia ambiental, entre los cuales se incluye el acceso a la justicia, además de garantizar el derecho de las personas a gozar de un medioambiente sano, algo que es precisamente lo que tratan de salvaguardar los defensores.
«Perú no ratificó el acuerdo de Escazú en 2020 con una resolución nefasta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que dice, textualmente, que el Perú «no era un país de riesgo para defender el medioambiente». Esta resolución no cita los asesinatos de los defensores», explica la experta.
Perú tuvo una ocasión valiosa para implementar una ley de alto rango como un tratado internacional vinculante y de esta manera poner freno a la muerte de los defensores, incluso del último asháninka asesinado en Ucayali. En ese sentido, Sánchez afirma que el que el país no ratifique el tratado pasa por una serie de ideas falsas sobre sus alcances.
«Durante la discusión de la ratificación se notó lamentablemente mucho desconocimiento sobre las obligaciones internacionales que el Perú tendría, incluso se llegó a decir que este acuerdo buscaba convertir en un derecho humano el derecho a la protección del medioambiente, cuando ya sabemos que eso es un derecho humano», puntualiza la abogada de la SPDA.
Afortunadamente para Perú, el marco legal sólido que supondría la ratificación del Acuerdo de Escazú tiene una nueva oportunidad pronto con el cambio de Congreso que se sucederá cuando asuman el 28 de julio los nuevos parlamentarios elegidos en los comicios de abril pasado.
Esto tendría que pasar por que el nuevo presidente, que asume junto al Congreso, desarchive el expediente de ratificación, lo que se espera más allá de que los dos posibles próximos jefes de Estado, Pedro Castillo, de Perú Libre (izquierda), y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (derecha), hayan apenas mencionado el tema ambiental durante sus campañas. Veremos.
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